Herrera compromete 108 medidas y 3.200 millones para frenar la sangría poblacional

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, presentó ayer en las Cortes la Agenda para la Población, comprometida el pasado mes de junio, que recoge 108 medidas concretas para jóvenes, familias, inmigrantes, emigrantes y para corregir desequilibrios entre las provincias. La medida contempla una inversión de 3.200 millones de euros para aumentar la población entre 2010-2020, a los que se sumarán otros 2.000 millones entre 2010-2015 vía beneficios fiscales.

El jefe del Ejecutivo autonómico ofreció el acuerdo a los grupos políticos, agentes sociales y colectivos de manera que este programa recoja las aportaciones y se pueda aprobar en el primer Consejo de Gobierno del mes de abril de manera oficial.

En una intervención de más de 40 minutos, el presidente de la Junta realizó un diagnóstico de la evolución demográfica de Castilla y León, donde rebatió que hay que hablar de población y no de despoblación, dado que en los últimos ocho años hay 84.403 habitantes más en la comunidad, y desgranó objetivos para la próxima década y medidas para colectivos para su puesta en marcha hasta 2015.

Herrera marcó como objetivo que Castilla y León se sitúe entre las cien regiones europeas -"de casi 300-" con un mayor avance de la población entre 2010-2020, de manera que suba 37 posiciones en su situación actual. «Es un objetivo ambicioso pero realizable», aseguró. Para ello, la Agenda dirigirá sus acciones en una doble dirección: mejorar el saldo vegetativo mediante el aumento de la natalidad y aumentar el saldo migratorio desde la atracción de personas de otros territorios, y evitar las salidas de la comunidad.

En positivo. Desde una visión positiva y atractiva, el responsable del Ejecutivo desgranó algunas de las 48 medidas dirigidas a los jóvenes, que tienen como objetivo que la tasa de emancipación crezca más que la media nacional en la próxima década, ya que ahora se sitúa en un 40,5% frente al 46 de la media española. Entre ellas, implantar en el curso 2010-2011 mecanismos de orientación académica y laboral en los centros que imparten cuarto de ESO y segundo de bachillerato; mejorar la formación profesional; formar a 1.200 titulados en innovación e internacionalización; incorporar nuevas medidas para incentivar la contratación de menores de 30 años y facilitar inversiones para 3.750 proyectos emprendedores y la formación de otros 1.000.

Familias e inmigrantes. Las medidas dirigidas a las familias se orientarán a nuevas líneas de beneficios fiscales, entre las que el presidente enumeró el aumento hasta en 1.500 euros en algunos casos por segundo hijo; llegar a 18.000 plazas públicas para niños de cero a tres años y universalizar las ayudas para gastos de escuelas y centros de guarderías para niños de dos y tres años.

Para que el porcentaje de población de inmigrantes crezca más que en el conjunto de España en el mismo periodo, planteó la aprobación en el 2010 del proyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes, la puesta en marcha del segundo Plan Integral de Inmigración y un nuevo acuerdo para la Integración Social y Laboral de la población inmigrante. También para jóvenes, familia e inmigrantes, propuso llegar a 6.000 viviendas inscritas en la bolsa de alquiler y formalizar 4.000 contratos y convertir 3.000 casas libres en protegidas.

Los nuevos beneficios fiscales, para su puesta en marcha hasta 2015, serían duplicar la deducción en el IRPF para el autoempleo de mujeres y jóvenes, por alquiler de vivienda de jóvenes y por familia numerosa y adopción internacional. Herrera también miró a las personas que han retornado a la comunidad, unas 12.022 entre 2001 y 2007 y apuntó a que el crecimiento en Castilla y León sea superior al de España.

Igualmente, para aumentar la entrada de población de otras comunidades, planteó acciones de comunicación y promoción, en especial, en Madrid, Cataluña y País Vasco y campañas de divulgación sobre las ventajas de vivir en la comunidad. A esta lista sumó corregir desequilibrios entre las provincias y planteó que los municipios de menos de 10.000 habitantes tengan la misma evolución que en el conjunto de España en ese periodo.

Así, la Agenda propone medidas de discriminación positiva para las personas que viven y trabajan en el medio rural, entre ellas la ampliación en un 25% de las ayudas directas a la natalidad, duplicar la deducción en el IRPF por la adquisición de vivienda por jóvenes en los núcleos rurales.