El interrogatorio del policía que señaló a Interior reactiva el «chivatazo»
Garzón pide tres años y medio después los «pinchazos» de la cabina telefónica del bar Faisán desde la que se avisó al recaudador de ETA para que no pasara a España
Menos de 24 horas después de la reprimenda de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón decidió sacar del cajón el sumario del «chivatazo» a ETA aparcado durante meses en su juzgado. El magistrado, tras su largo silencio en esta causa, dictó ayer una providencia en la que, como ordenaba la Sala de lo Penal, cita para interrogar hoy a uno de los personajes claves en todo este asunto: el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Carlos G., el responsable del grupo que investigó el soplo a la red de extorsión terrorista y autor del informe en el que se apunta como responsables de la delación al ex director general de la institución Víctor García Hidalgo, al actual jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés, y a un policía de Vitoria, al que ambos habrían enviado a Irún el 4 de mayo del 2006 para entregar un móvil al jefe del aparato de «cobradores» de ETA, Joseba Elosúa, en el que recibió el aviso de un desconocido sobre la inminente operación.
Según explicaron ayer fuentes judiciales, el interrogatorio de hoy irá mucho más allá y no se centrará en modo alguno sobre su versión exculpatoria, que Garzón ha dado siempre por buena, sobre todo porque su coartada es su compañero de juzgado Grande-Marlaska. Carlos G., que hace meses fue apartado por sus superiores de la lucha antiterrorista, declarará en calidad de testigo (sin abogado) y no como imputado, y será preguntado sobre los pormenores de la investigación de su equipo sobre García Hidalgo, tarea en la que se rastrearon 1.932 llamadas hasta desembocar en los teléfonos del ex director de la policía y sus colaboradores.
El magistrado es consciente, según estas mismas fuentes, que será difícil obtener de su declaración algún dato nuevo contra los dos responsables del Ministerio del Interior y el policía de Vitoria, los tres únicos imputados en esta pieza desgajada del sumario principal sobre la red de cobro del denominado impuesto revolucionario. En el Juzgado Central de Instrucción número 5 insisten en que el informe de Carlos G., el único incriminatorio en toda la causa, y aunque es exhaustivo en su análisis del tráfico de llamadas entre los supuestos implicados, no es suficiente para sentar en el banquillo a García Hidalgo y sus colaboradores.
También como testigos y también hoy serán interrogados los dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de San Sebastián que, según declaró en la Audiencia Nacional uno de sus superiores, el día de los hechos vieron merodeando por el bar Faisán a una persona que creyeron identificar como policía. Estos dos agentes participaban ese día en el dispositivo de control de fronteras que debía haber detenido a Cau cuando regresara de Francia de entregar el dinero del impuesto revolucionario.
Esta última diligencia fue ordenada el lunes, al igual que la investigación del tráfico de llamadas de la famosa cabina pública adyacente al bar Faisán desde la que, de acuerdo al sumario, Elosúa, tras recibir el chivatazo, llamó a Francia al colaborador de ETA José Antonio Cau Aldalur para avisarle de que no cruzara la frontera porque iba a ser detenido.
Después de tres años y medio de investigación, Garzón pide ahora a la policía información sobre si ese teléfono estaba intervenido, si hay transcripción de las llamadas realizadas por Elosúa y quiénes fueron sus interlocutores en las fechas en que se produjo el soplo.