El TS admite una tercera querella contra Garzón, por escuchas ilegales
El alto tribunal investigará si el juez de la Audiencia Nacional prevaricó al intervenir las conversaciones de los cabecillas del Gürtel con sus abogados en la prisión
El juez Baltasar Garzón está siendo investigado por el Supremo por tres causas distintas.
En menos de nueve meses el Tribunal Supremo ha colocado a Baltasar Garzón en la picota. La tercera causa penal abierta ayer contra el magistrado de la Audiencia Nacional por su instrucción del caso Gürtel supone no sólo un hito judicial -”es la primera vez que un juez tiene tantos procesos abiertos al mismo tiempo-”, sino que lanza un velado mensaje al Consejo General del Poder Judicial para que se apremie a suspender a Garzón antes incluso de que sea procesado por alguno de los delitos que le imputan.
El tercer golpe a Garzón, después de la presunta prevaricación en la investigación del franquismo y de su mediación con el Banco Santander para organizar unos cursos en Nueva York, llega de un proceso que aún bulle en diferentes tribunales y que durante meses tuvo en sus manos el magistrado: la trama Gürtel.
El abogado Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional, presentó el 9 de diciembre una querella en el Supremo contra Garzón por intervenir las conversaciones de los abogados de los presuntos cabecillas de la red, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El querellante sostenía que Garzón autorizó de forma «indiscriminada» las escuchas siendo «perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo». Para ello se amparó en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que en uno de sus artículos sostiene que las comunicaciones de los internos con sus abogados no pueden ser intervenidas salvo por orden del juez y en supuestos de terrorismo, supuesto que no se da el caso Gürtel.
Tomando este argumento como base, la Sala de lo Penal del Supremo, admitió ayer la querella porque «no existen razones suficientes para excluir» la posible existencia de los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de las comunicaciones. Dicho de otro modo, que las «hipótesis incriminatorias» contra el juez no son «absurdas ni carentes de sentido» para desestimarlas. El auto del Supremo admite, empero, que no entra en el fondo sobre el fundamento de las escuchas o las resoluciones dictadas por Garzón por este asunto, y deja el debate a una «eventual fase posterior del procedimiento».
Ignacio Peláez presentó su demanda contra Garzón a título personal. Entre sus clientes está el empresario leonés y presidente del Diario de León, José Luis Ulibarri.