Junta y Gobierno cierran el pacto para que 5.000 viviendas libres en León pasen a VPO

Junta y Gobierno pusieron ayer las bases sobre las que edificar la recuperación del sector inmobiliario en la comunidad. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el consejero de Fomento, Antonio silván, y el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, sellaron el acuerdo que pretende aligerar el lastre que pesa sobre el stockaje de viviendas vacías en Castilla y León.

El pacto que ayer cerraron ambas administraciones anuncia la conversión de unos 5.000 pisos libres en la provincia, en torno a 30.000 en la comunidad, que pasarán al régimen de protección oficial, y compromete a las partes firmantes a dar salida a este excedente de inmuebles, que mantiene parados unos 5.250 millones de euros, casi 400 en León.

El objetivo es facilitar a las familias más necesitadas el acceso a una vivienda a través de una oferta amplia que rebajará en torno a un 26% -"según calculó Herrera-" el precio actual de estos pisos. Las viviendas susceptibles de entrar en esta bolsa deben ser de nueva construcción y contar con el refrendo de los promotores para completar su inclusión en el sistema de protección oficial. Deberán cumplir los requisitos marcados en la normativa para obtener esta calificación, al igual que los destinatarios de las mismas. El ministerio contabiliza 30.000 inmuebles en la comunidad que sí satisfacen estas condiciones.

Además, las entidades financieras, que también firmaron este acuerdo, junto a los constructores, registradores de la propiedad, notarios y la Federación de Municipios y Provincias, asumen la obligación de «facilitar a los posibles compradores la financiación cualificada o convenida para la compra», mientras que los notarios y registradores aplicarán una reducción del 40% en los honorarios devengados de la tramitación.

La Junta y el ministerio del ramo también aceptan la responsabilidad de aportar los recursos necesarios para desarrollar el acuerdo y la cartera de Corredor tendrá que «autorizar la concesión de préstamos hipotecarios, así como las ayudas económicas correspondientes, para la adquisición de las viviendas».

Una comisión de seguimiento velará por el «adecuado control» de las cláusulas establecidas en este acuerdo.