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Scotland Yard localiza en Londres a un «kale borroka» que se había fugado

Garikoitz Ibarlucea fue condenado en el 2006, pero permanecía en paradero desconocido desde que en el 2003 se le decretó la libertad bajo fianza

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EFE | MADRID

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La Policía Metropolitana de Londres, más conocida como Scotland Yard, detuvo ayer en la capital londinense a Garikoitz Ibarlucea Murua, sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega y al que se acusa de haber participado en actos de violencia callejera.

Así lo han confirmado fuentes de la lucha antiterrorista, que han precisado que Ibarlucea Murua, nacido en 1981 en Ibarra (Guipuzcoa), pasará hoy a disposición judicial para que se ejecute la orden europea de detención y entrega (Oede) dictada por la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional el 10 de diciembre del 2007 por un delito de pertenencia a organización terrorista.

Las mismas fuentes han indicado que el Ibarlucea Murua ya había sido ido detenido por la Guardia Civil en el 2002 por participar en actos de «kale borroka» en Guipúzcoa, entre 1999 y el 2002, pero que se encontraba huido desde el 2006, cuando no se presentó al juicio por estos hechos en la Audiencia Nacional. En octubre del 2002, Ibarlucea Murua fue detenido junto a otros siete jóvenes -”Aritz Sudupe, Eñaut Garmendia, Ibon Arnalde, Iosu y Mikel Ozaita, Jon Otegi y Goar Jiménez-”, y el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que estaba de guardia cuando se produjeron los arrestos, los envió a prisión provisional.

Cuatro meses después, en febrero del 2003, el juez Guillermo Ruiz Polanco, instructor de la causa, los dejó en libertad bajo fianza de 6.000 euros al considerar que no existía riesgo de fuga.

Entre las acciones por las que Ibarlucea Murua iba a ser juzgado cuando no se presentó a la vista oral, estaban el lanzamiento de artefactos incendiarios y piedras a la vivienda de dos concejales del PSOE en Ibarra en septiembre de 1999, y en el 2000, cócteles molotov a la sede del Diario Vasco de Tolosa y a la estación de Renfe de esta localidad, así como al batzoki del PNV en Zizurkil.

En octubre del 2006, la Audiencia Nacional condenó a los jóvenes a penas de uno y dos años de cárcel después de que el fiscal -”que inicialmente pedía entre 32 y 96 años de prisión para ellos-” y las defensas de los acusados alcanzaran un acuerdo de conformidad tras reconocer éstos los hechos.