No habrá presidencia ejecutiva, pero tampoco se nombrará nueva directiva

Los últimos días se han convertido en un curso acelerado de encaje de bolillos para los negociadores de Caja España y Caja Duero encargados de plasmar en el documento definitivo de fusión la aplicación práctica de los acuerdos tomados a principios de enero en Tordesillas, por los que se fijó el reparto de funciones y sedes entre León y Salamanca en la nueva caja fusionada. Las diferencias entre las pretensiones de unos y las precauciones de otros han tenido hasta última hora a los negociadores perfilando, matizando e incluso «descafeinando» algunos de los puntos del documento, para conseguir que fueran aceptados por las dos partes.

Caja España renuncia a establecer desde ya la posibilidad de contar con una presidencia ejecutiva, con lo que Caja Duero mantiene su exigencia de que el director general, que tendrá su sede en Salamanca, sea la máxima autoridad ejecutiva en la nueva entidad.

A cambio, Caja Duero renuncia a que la cúpula directiva de la caja fusionada salga de los consejos de hoy con nombres y apellidos. La entidad con sede en León defiende que son el consejo y la asamblea resultantes de la fusión (la suma de los de las dos cajas actuales) los que deben aprobar estos nombramientos. La caja que preside Julio Fermoso quería asegurar la presencia en el cargo en esta primera fase de su directivo actual, Lucas Hernández (que por otro lado tiene ya muy próxima su fecha de jubilación). Desde León se prefiere no poner más trabas en el proceso, y dejar el debate sobre las personas (que tampoco será un camino de rosas) para cuando la fusión esté ya en marcha.

Blindaje. También discutieron hasta el último momento las dos cajas sobre el periodo de vigencia del documento que presumiblemente aprobarán hoy. Caja Duero pretende blindar el pacto de fusión, y que cualquier modificación requiera del apoyo de las cuatro quintas partes del consejo de administración y la asamblea de la nueva entidad. Por su parte Caja España defiende que estos acuerdos tengan una duración de dos años, el plazo considerado necesario para consolidar el proyecto; y que después los órganos de gobierno puedan tomar sus propias decisiones.

En lo que tampoco está dispuesta a ceder Caja España es en la ubicación de las reuniones de las asambleas generales. Caja Duero mantiene que el pacto era que fueran rotatorias, una en León y otra en Salamanca. Desde la caja que preside Santos Llamas se desmiente este punto, y se recuerda que las asambleas deben celebrarse donde la caja tiene su sede social (será en León), como marca la ley. Tampoco quiere Caja España fijar en los estatutos dónde deberán reunirse los consejos de administración, comisiones de control, comités de auditoría, etc. Hasta ahora, estos dependían sobre todo de cuestiones organizativas de sus miembros.

Por último, Caja Duero reclama para sí la gestión total de la Obra Social, que tendrá su sede en Salamanca. Caja España reclama, tal y como se pactó y se defendió desde el primer momento, que la gestión de los fondos sociales se haga de momento independientemente.