Diario de León

DECLARARÁ EL 15 DE ABRIL

El Supremo imputa a Garzón por los pagos recibidos del Santander por unos cursos en EEUU

El magistrado está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación y cochecho

El juez Baltasar Garzón participó en unos cursos en la Universidad de Nueva York entre el 2005 y 06.

El juez Baltasar Garzón participó en unos cursos en la Universidad de Nueva York entre el 2005 y 06.

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Europa Press / MADRID

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El Tribunal Supremo ha citado al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el próximo 15 de abril para interrogarle en calidad de imputado en la causa por los cobros que pudo recibir al organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York en el 2005 y 2006, que fueron patrocinados por el Banco Santander.

El instructor de esta causa, el magistrado Manuel Marchena, le ha citado como imputado de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, según fuentes del alto tribunal, que también han señalado que el día 21 se ha llamado a declarar a otras a tres personas cuya comparecencia, en calidad de testigos, había solicitado la acusación popular, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.

Esta será la segunda vez que el juez de la Audiencia Nacional deba acudir al Supremo para declarar como imputado, puesto que ya tuvo que hacerlo el pasado 9 de septiembre, en aquella ocasión por un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido en su investigación de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. A pesar de la imputación, el juez podrá seguir con sus obligaciones.

Correspondencia con Emilio Botín

Los testigos son María del Mar Bernabé, funcionaria de la Administración de Justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Nueva York, donde disfrutaba de un permiso de estudios; Laura Turégano, responsable del Centro Juan Carlos I de la Universidad, que organizó los cursos; y el exdirector del centro universitario, James D. Fernández.

Esta investigación fue abierta el pasado 28 de enero a raíz de la querella interpuesta por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, en la que se acusa a Garzón de haber cometido delitos de cohecho y prevaricación por no abstenerse en una causa contra el Banco Santander a pesar de haber recibido un patrocinio de esta entidad bancaria para los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York. Garzón recurrió esta decisión alegando haber sufrido indefensión, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó sus argumentos.

La querella aportaba como una de las pruebas más relevantes las cartas en las que Garzón pidió, y posteriormente agradeció, al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, la financiación de los cursos de Nueva York; unas misivas en las que el magistrado utilizaba términos como "querido Emilio" o "te mando un gran abrazo" .

Patrocinio de 302.000 dólares

Los abogados Panea y Mazón destacaban que, unos meses antes, el Banco Santander otorgó a los cursos que el juez impartió entre marzo del 2005 y junio del 2006 en el Centro Rey Juan Carlos, adscrito a la Universidad de Nueva York, un patrocinio de 302.000 dólares.

Tan solo unos meses después de regresar de Estados Unidos, su juzgado se hizo cargo de la denuncia presentada contra varios directivos del Banco Santander, entre ellos Botín, a los que se acusaba de la apropiación indebida de la sociedad SCI Gestión. El juez de la Audiencia Nacional no solo no se apartó del caso, sino que, en un auto dictado el 27 de noviembre del 2006, decidió archivar la causa.

"Generosa aportación"

A la hora de admitir a trámite esta querella, la Sala de lo Penal del Supremo ha subrayado que no se puede excluir ahora que "la respuesta positiva" del Banco Santander y su "generosa aportación" a los cursos que impartió Garzón no esté relacionada "con el cargo público que desempeña quien hace la petición, ni que éste pudiera verse así beneficiado" .

Además de esta investigación, el Supremo sigue otras dos causas contra Garzón, una por su investigación de los crímenes del franquismo y otra por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del caso Gürtel y sus abogados.

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