Aprobado el plan para reducir el déficit público a pesar de la abstención del PP

Nada de dar la satisfacción al Gobierno de alcanzar el segundo gran acuerdo con las comunidades autónomas en menos de una semana. Los territorios gobernados por el PP optaron ayer por abstenerse en bloque y negar su apoyo al acuerdo de austeridad que había propuesto la vicepresidenta económica, Elena Salgado. No es, según alegaron, que se opongan a reducir el déficit sino que las cosas no se han planteado bien. «Hay una cierta incoherencia entre sus opiniones y su voto pero como no es la primera vez que pasa, tampoco me ha sorprendido tanto», ironizó la ministra.

En las casi cuatro horas que duró la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada en el ministerio de Economía, los consejeros populares mostraron, en palabras de Salgado, un «acuerdo total» a los objetivos de reducción del déficit público. No mentía porque en sus declaraciones a la prensa, a la salida del encuentro, varios de ellos ratificaron que no discrepan sobre el fondo. «Sí, tenemos que recortar el déficit y la senda que apunta el Gobierno es lógica y prudente pero las medidas que la acompañaban son vagas e imprecisas», justificó el vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps.

1397124194 En común. Los consejeros del PP antes de asistir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera mantuvieron una comida de trabajo con los responsables económicos del partido para coordinar sus posturas. Para «recibir la consigna» de no apoyar nada aunque estuvieran de acuerdo, precisaron fuentes socialistas

Los populares esperaban que el Ejecutivo pusiera encima de la mesa medidas concretas para establecer dónde y cómo se mete la tijera.

El plan de austeridad que el Gobierno puso sobre la mesa implica un recorte de 50.000 millones de euros de aquí al 2013, de los cuales alrededor de 10.000 corresponderán a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Para ello se debería aplicar una política de contención de gastos de personal, restricción del empleo público y racionalización de los recursos humanos así como de las estructuras administrativas y empresariales y una política de contención de gastos de personal.

Sin el concurso de todas las administraciones, alega el Ejecutivo, no será posible cumplir con el programa de consolidación fiscal que se ha enviado a Bruselas y que compromete una reducción del déficit del 5,7% del PIB para el período marcado; un 0,5% en el caso de las comunidades.