Las Cortes exigen a la Junta que apoye económicamente la estación de San Glorio

Los tiempos en política son fundamentales, y parece que en la relación entre la estación de esquí de San Glorio y la Junta de Castilla y León se ha pasado ya de las palabras a los hechos. Al menos eso es lo que pretende la proposición no de ley aprobada ayer en las Cortes por unanimidad, y que reclama al Gobierno autonómico «que estudie y evalúe su posible participación económica en la sociedad promotora de la estación de esquí de San Glorio». El guante ha sido arrojado por los 77 procuradores de las Cortes, está por ver si la Junta lo recoge.

El texto final aprobado -"redactado por el proponente Joaquín Otero para contentar a todas las partes-" habla de igual forma de cómo otras entidades o administraciones pueden entrar también a formar parte de esa inversión extra para la estación. De esta forma, otros ayuntamientos de la zona también podrían participar de forma activa en el proyecto. Se habló incluso de entidades como cajas de ahorro para dar más peso a la inversión en San Glorio.

El debate fue tibio, todas las partes estaban de acuerdo en aprobar la propuesta leonesista, aunque siempre hay excusa para el enfrentamiento, aunque sea impostado. La participación de los ayuntamientos del entorno enfrentó en la tribuna a populares y socialistas; los primeros, porque no quieren que el peso caiga de forma exclusiva en la Junta, y los segundos porque vieron en este punto una descarga de responsabilidad del Ejecutivo autonómico. El popular Javier García Prieto puso como ejemplo la cesión de los terrenos afectados por parte del ayuntamiento de Boca de Huérgano, argumento que fue dado la vuelta por los socialistas. Para Inmaculada Larrauri, «suficiente tienen ya los ayuntamientos como para poner más dinero, ellos ya han hecho su parte».

Otro detalle de la proposición aprobada es el que atañe al desarrollo sostenible; para evitar cualquier susceptibilidad y no hipotecar una zona de alto valor ecológico, el texto final propuesto por Otero remarca que cualquier proyecto que se desarrolle en la zona deberá respetar y garantizar el desarrollo medioambiental de la montaña.

Fuerzas y voluntades políticas a favor de un proyecto que lleva resonando en las Cortes de Castilla y León desde el 2003, y que acumular ya varias proposiciones no de ley aprobadas por unanimidad en las Cortes, como la del año 2008, en la que la Junta se comprometía a «posibilitar en el plazo más ágil posible la construcción de una estación impulsando los proyectos que los promotores determinen», o la de junio de 2009, donde se pedía a la Junta «que incentive la iniciativa privada para materializar la estación».