De dos a cuatro velocidades

León, hasta ahora un vagón de cola q ue pierde activos mientras avanza a un lugar indeterminado, se ve reflejado ya en un mapa que no atiende a clasificación geográfica o comarcal. El territorio, si se excluye el área urbana (León-San Andrés y Ponferrada) pasa a denominarse de primer y segundo nivel. De esta forma, se abre una nueva brecha.

El anuncio de la Ley de Desarrollo Rural, que va ya para media docena de años, no tenía necesidad de presentación; menos de un envoltorio de justicia social, que equiparara a los habitantes de un país que hasta ahora navegaba a dos velocidades. Una para el campo, de vía lenta, obstruida, agraviada por la despensa de oportunidades de vida y de progreso; otra para la ciudad, en las antípodas de mundo rural atrapado en el intento. Así, salvo excepciones.

Ya hay quienes dudan de que la Ley de Desarrollo Rural llegue ni siquiera a causar efecto en esa urgencia que la justifica para acercar los polos, lo rural a lo urbano, en cuanto a oportunidades de prosperidad se refiere. Y alerta de que, al contrario, lo que ha logrado ya es abrir corchetes sobre la fórmula a la que trataba de enmendar: de tal manera que donde sólo había una velocidad, el tran-tran del medio rural que no ha sido capaz de meter la cabeza en el tren del desarrollo y las tecnologías, ahora van a coexistir dos velocidades. La que se permita a las comarcas prioritarias para el rescate y aquella que acompase a los que les toque ver el progreso -”la oportunidad, al menos-” en la comarca de al lado, o del otro lado del río, o la de la otra parte del límite de provincias.

Al menos León se libra de la tercera parte, que para algunos lugares se ha dado en llamar zona periurbana, apostada a pocos kilómetros de una capital, o a la sombra de un crecimiento poblacional que hace posible la urbe. Le harían falta a varias localidades del alfoz de León unos niveles de renta medios o altos (algo utópico para una provincia que roza el nivel de convergencia con la renta media europea y mira a años luz a provincias con las que comparte administración territorial).

La Ley de Desarrollo Rural, que tomó luz en el 2004, se ve lisiada en la provincia que con más deseo esperaba una mano que le ayuda a salir de la ciénaga. Otra descarga de disconformidad con el programa de desarrollo rural 2010-2014 es el ente pagador. La administración autonómica definirá qué dinero se aporta a cada proyecto; ajustada a cada departamento estando de los ahora habilitados. Si en pueblos a revitalizar o intermedios, de primera o segunda.