Los vocales del Poder Judicial tendrán que decidir sobre el futuro de Garzón
Zapatero no opina sobre la situación del juez para no ser acusado de presionar
El juez Baltasar Garzón a su salida ayer de la Audiencia.
La totalidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tendrá que retratarse el 22 de abril en el debate y votación sobre la suspensión de actividades de Baltasar Garzón. El presidente del órgano de gobierno de la judicatura, Carlos Dívar, decidió que el foro en que se tome la decisión sea el pleno de la institución y no en la reducida comisión permanente, en la que se han tratado casos similares en el pasado.
Sólo quedarán fuera del debate el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, y la vocal Margarita Robles, quienes fueron recusados por Garzón y aceptaron abstenerse. El órgano de gobierno de los jueces debe decidir ahora sobre el veto del juez a la vocal Gemma Gallego, y la inhibición solicitada por José Manuel Gómez Benítez, consejero, abogado y amigo del instructor de la Audiencia Nacional. Si el Consejo también acuerda su exclusión, la decisión quedará en manos de los 16 vocales restantes y el presidente, entre los que las opiniones están divididas casi a partes iguales.
El consejero Miguel Carmona garantizó ayer que la entidad tratará el caso de Garzón «sin excepcionalidad en un sentido ni en el otro», siempre que el Supremo tome antes la decisión sobre si procesa al juez. El Consejo confía en que para el 22 de abril el alto tribunal haya decidido sobre el procesamiento de Garzón por presunta prevaricación en la instrucción de la causa de los crímenes del franquismo, y se la haya remitido. De no ser así, la decisión se pospondría.
La «entrada en capilla» del juez de la Audiencia Nacional suscitó, como siempre, reacciones encontradas. En el Gobierno, unos optaron por la prudencia y otros, por la vehemencia. José Luis Rodríguez Zapatero, a diferencia de lo que hizo hace un mes, cuando elogió la figura del magistrado, apeló a su responsabilidad como jefe del Ejecutivo para no opinar. Mostró su respeto por las decisiones judiciales porque hay que tener «confianza en el Estado de Derecho», aunque reconoció que se ha abierto «una gran polémica» por el más que probable encausamiento de Garzón, al que seguirá, vaticinó, «un gran debate con una gran intensidad».
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, indicó que «cuesta explicar fuera de España» que Garzón vaya a ser procesado por «querer hacer algo» que desde España se ha exigido en otros países que salían de regímenes dictatoriales. El juez, agregó, se limitó a tratar de «esclarecer nuestro pasado y hacer justicia con las víctimas».
En el PP la respuesta fue unívoca. El enjuiciamiento del magistrado de la Audiencia Nacional es la mejor muestra de que la Justicia «alcanza a todos», repitieron los dirigentes opositores que opinaron.