Gobierno y patronal se quedan solos en la propuesta de reforma laboral

Gobierno y CEOE se quedaron solos en la defensa de la última propuesta de reforma laboral del Ejecutivo. Ambos no tienen duda. Es el plan que España necesita para paliar los efectos de la crisis en el mercado laboral. El presidente Rodríguez Zapatero se refirió al proyecto desde Estados Unidos y explicó que se trata de «mejorar las cosas para los empresarios sin que los trabajadores pierdan derechos» como es la posibilidad de que parte de las indemnizaciones por despido sea subvencionada por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de que los asalariados tengan libertad y autonomía profesional al contar con un montante que pueden utilizar como indemnización por despido o guardar para su jubilación, en alusión a la creación de una hucha propiedad del trabajador y financiada por los empresarios. Las críticas llegaron por el lado de los sindicatos y de los partidos políticos de la oposición. Sus líderes se pronunciaron desde diferentes ámbitos.

El documento, en el que por primera vez el Gabinete de Zapatero apuesta abiertamente por la reducción del coste del despido para crear empleo, levanta preocupación en el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, quien «teme lo peor» a la hora de introducir medidas en las modalidades de contratación. Para su homólogo en UGT, Cándido Méndez, la redacción de la propuesta es «farragosa» y su contenido «discutible».

No obstante, ninguno de los dos se da por vencido. La negociación todavía continúa, esperan el acuerdo y advierten de que mantendrán los ojos muy abiertos para evitar recortes encubiertos de los derechos de los trabajadores, cuestión -"esta última-" rechazada por las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado. A juicio de ambas, el último texto impulsa la contratación indefinida al despejar incertidumbres y facilitar trámites. El titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho hizo hincapié en que el documento «está abierto» y es en la mesa del diálogo social donde se debe discutir.

A la vez, en el Gobierno se impone la idea de que el proceso para adaptar medidas aplicadas en otros países al mercado español será largo. «Esto llevará tiempo y conviene trabajar sin agobios», añadieron fuentes próximas a la negociación. Precisamente, una de las demandas sindicales consiste en alargar el debate de los contratos y el sistema público de empleo y cerrar los temas vinculados a un plan de choque para la colocación de jóvenes, un nuevo sistema de bonificaciones y reducción de la jornada como instrumento de ajuste laboral.

Muy diferente es la visión empresarial. El protagonismo de la primera reacción de Ceoe recayó en el presidente de Foment del Treball, Joan Rosell, quien lanzó un llamamiento para emprender «lo más rápido posible» los cambios que modernicen las «rancias» leyes laborales. A su juicio, la reforma se hace imprescindible porque tan injusto es que un despido carezca de indemnización como que esté sujeto a un pago de más de 1.000 euros por año. En el acto se encontraba el líder de Ceoe, Gerardo Díaz Ferrán, que se limitó a suscribir sus palabras.