El Gobierno ofrece un fondo mixto con dinero estatal para los despidos
El Ejecutivo intenta abaratar en, al menos, ocho días el coste del despido para los empresarios a través de un copago con una «hucha» para cada trabajador
La creación de un fondo mixto, financiado al 50% por empresarios y Estado, para abaratar parte del coste del despido a los empleadores, sin que los derechos de los trabajadores se resientan, es la meta más ambiciosa que se ha puesto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el actual proceso de diálogo social. Su idea inicial de subvencionar el despido toma cuerpo. Los ingresos a esa hucha serían mensuales, propiedad de cada empleado y éste, en caso de no sufrir ningún despido, los conservaría para formación o como jubilación complementaria a la prestación pública.
La medida estaría limitada a los nuevos contratos de fomento del empleo, modalidad que pasaría a aplicarse a todos los trabajadores, y daría cumplimiento a la aplicación en España de una réplica de la existente en Austria. La compensación sería de, al menos, ocho días sobre el total de la indemnización. El volumen del fondo crecería sin límite y el trabajador al cambiarse de empresa se lo llevaría sin poner el contador de su antigüedad laboral a cero, con independencia de que pueda utilizar parte de ese dinero para su reciclaje profesional. Esa hucha mixta destierra la utilización del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para la subvención del despido, tal y como deseaba el Ministerio de Trabajo. El Fogasa, financiado sólo por los empresarios, es un organismo autónomo que garantiza a las plantillas parte de los salarios y de las indemnizaciones por despido.
La propuesta de Zapatero está abierta a la negociación. Sobre ella planean intereses enfrentados y los proponentes se muestran pesimistas ante la posibilidad de un consenso. Los sindicatos no ven con buenos ojos cualquier abaratamiento del despido. Consideran que los nuevos contratos tendrán mayor inseguridad.
Junto con la subvención del despido improcedente, el Gobierno pretende aclarar las causas del despido objetivo (causas económicas, organizativas, de producción o tecnológicas) para que el contrato de fomento del empleo se utilice más, planteamiento que también cuenta con la oposición de Comisiones Obreras y UGT.