El juez ordena concretar cómo están de contaminadas las escuchas del Gürtel

«Audiciones reservadas» en la soledad de la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y bajo la estricta supervisión de los funcionarios del juzgado. Ese ha sido el método que ha ingeniado el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, para determinar hasta dónde llega la contaminación de las escuchas declaradas ilegales de conversaciones de los principales imputados en la trama corrupta y sus abogados en la cárcel de Soto del Real.

En un auto firmado el pasado martes, el magistrado fija diez días de audiciones en su juzgado para que los letrados de los diferentes imputados escuchen las decenas de horas de grabaciones en los locutorios penitenciarios con el fin de que decidan, a la vista del contenido de esas cintas, qué otras pruebas creen nulas porque derivan de lo hablado entre los letrados y los tres encarcelados: el cabecilla de la red, Francisco Correa; su lugarteniente, Pablo Crespo, y el testaferro de la trama y primo de Correa, Antoine Sánchez.

Los defensores de los tres imputados en prisión, explica la resolución, tendrán acceso completo a todo lo que se grabó en los locutorios de Madrid V entre el 19 de febrero y el 6 de mayo del 2009, el período durante el que, primero Baltasar Garzón y luego Pedreira, autorizaron las polémicas escuchas. El resto de letrados sólo podrán conocer los «pinchazos» de las conversaciones en las que ellos tomaron parte en los locutorios, a pesar de que ellos no tenían clientes encarcelados. Lo que sí podrá consultar todos los abogados es la pieza separada que el juez ha creado dentro del sumario con la trascripción de las escuchas más importantes, y que ahora Pedreira ha declarado de nuevo «reservada» tras ver la luz pública en el primer levantamiento del secreto de las actuaciones en octubre del 2009. Los abogados -”señala el auto-” podrán «solicitar el desglose» de sus conversaciones, «que no su destrucción», precisa el documento.

Antonio Pedreira, tras las audiciones y la consulta de la pieza separada, ya avisa que dará un plazo de cinco días para que «todas las partes indiquen las diligencias que consideren que proceden de las conversaciones mantenidas entre letrados defensores o expresamente llamados en relación con asuntos penales e imputados en prisión».

Tras el varapalo que la Sala de lo Penal y Civil le dio al anular las escuchas que él mismo había avalado, el juez no quiere más errores ni que los abogados le puedan plantear más problemas a cuenta de los controvertidos «pinchazos».