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El Supremo ordena al TSJ de Valencia reabrir la causa de los trajes de Camps

El TS considera que se interpretó mal el Código Penal y que no debió archivarse el caso; fuentes jurídicas auguran que el president difícilmente evitará el banquillo

Barberá y Camps, ayer antes de la reunión de la ejecutiva regional del partido.

Publicado por
M. Sáiz-Pardo | madrid
León

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El Tribunal Supremo ha puesto a Francisco Camps a un paso del banquillo de los acusados. Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal ordenaron ayer a la Justicia valenciana reabrir la causa contra el president y tres de sus más cercanos colaboradores. Los cuatro vuelven a estar imputados por haber aceptado regalos de la trama Gürtel.

El Supremo dictamina que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Camps, no debió dar carpetazo al caso.

También considera que ese tribunal interpretó mal el Código Penal al entender que no hubo cohecho impropio porque aunque el jefe del Gobierno autonómico aceptara las dádivas no se pudo probar que éstas fueran recompensadas con adjudicaciones públicas a las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes.

El alto tribunal, tras debatir durante más de tres horas el asunto, acordó por unanimidad aceptar los recursos de casación presentados por la Fiscalía y los socialistas valencianos contra la decisión del TSJCV el 1 de agosto del 2009 de decretar el sobreseimiento libre de la causa contra Camps, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico Ricardo Costa.

Los magistrados acordaron «estimar el primero de los motivos» de las acusaciones. Esto es, el Supremo entiende, como alegó el Ministerio Público, que los cuatro altos cargos valencianos pueden ser acusados de un delito de cohecho pasivo impropio, aunque no exista una «relación de causalidad» entre los regalos y los 85 contratos públicos por valor de 7,2 millones de euros que la administración autonómica adjudicó a la «trama Gürtel» entre el año 2004 y el 2009.