Zapatero rebaja un 5% el sueldo a los funcionarios y congela las pensiones

«Se acabó el ZP social». La frase, del diputado de ERC Joan Ridao, resume el trasfondo del plan que el presidente del Gobierno presentó al Congreso para recortar el déficit público en 15.000 millones de euros entre el 2010 y el 2011, desde el actual 11,2% del PIB hasta el 6%. El grueso del ajuste caerá sobre los empleados públicos, que sufrirán una bajada media del 5% en sus salarios este año, y sobre los pensionistas, cuyas pagas serán congeladas el próximo.

Completan el programa de austeridad, que el Ejecutivo prevé aprobar por decreto el viernes de la semana que viene, recortes en inversiones y ayuda al desarrollo, limitaciones a la dependencia, la supresión del cheque-bebé y ahorros adicionales en comunidades autónomas y ayuntamientos. El sacrificio podría no acabar aquí. El presidente abrió, además, la puerta a nuevas subidas de impuestos a las rentas más altas por razones de «equidad». Esa segunda vuelta de tuerca se conocerá cuando el Ejecutivo siente las bases de los presupuestos para el año próximo.

Zapatero había prometido que esta crisis no la pagarían los trabajadores y que su gobierno no impulsaría recortes en derechos sociales. Pero ayer cruzó de golpe muchas de las fronteras que él mismo había trazado y se convirtió en el primer presidente de la democracia que decreta una bajada de sueldos. En el 2010, las retribuciones del personal del sector público disminuirán de media un 5%, y en el 2011 quedarán congeladas.

La reducción tendrá un carácter gradual, de forma que las retribuciones más bajas sufrirán recortes menores. Los mayores tijeretazos afectarán a los miembros del Gobierno, cuyos sueldos disminuirán un 15%. Al resto de altos cargos les afectará la progresividad y experimentarán recortes del 12% o 13%.

«No es fácil para el Gobierno aprobar estas medidas», subrayó el jefe del Ejecutivo, que anunció también una congelación en el 2011 de todas las pensiones -"que desde 1997 se revalorizaban anualmente-" salvo las mínimas y las no contributivas. Los dependientes también sufrirán su parte, al quedar suprimida la retroactividad en el pago de prestaciones por dependencia al día de la prestación. En paralelo, se establecerá un plazo de seis meses para resolver las peticiones, cuyo incumplimiento llevará aparejada la retroactividad desde esa fecha. También las futuras madres se verán afectadas, pues desaparecerá la prestación de 2.500 euros, -"el llamado cheque-bebé -" desde el 1 de enero del 2011.

Zapatero admitió que todos estos recortes, que calificó de «imprescindibles» y de «lo más equitativos posible», provocarán una reducción de la demanda y del crecimiento.