El Gobierno reactiva la renovación del TC para evitar un conflicto a Cataluña
Los socialistas se muestran dispuestos a aceptar a los que, hasta ahora, eran «inasumibles» candidatos del Partido Popular al órgano institucional
Montilla conversa en el Senado con la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.
Entre las pocas vías de que disponía para evitar un nuevo conflicto a cuenta del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut, el Gobierno ha optado por la menos cruenta. La portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, anunció ayer que su formación está dispuesta a «facilitar» la renovación del Constitucional, bloqueada desde hace año y medio por el rechazo de su partido a los dos únicos candidatos propuestos por el PP, Francisco José Hernando y el leonés Enrique López. Las propuestas del primer partido de la oposición eran hasta ahora para los socialistas auténticas bestias negras por la beligerancia que demostraron en la pasada legislatura hacia el Gobierno desde el Consejo General del Poder Judicial, del que eran presidente y portavoz.
El giro en la actitud que hasta ahora mantenía el partido gubernamental se produce después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional fracasara por sexta vez en su intento de sacar adelante una sentencia sobre el marco de autogobierno de Cataluña. La pelota está ahora en el tejado de la presidente de este órgano, María Emilia Casas, que ha tomado las riendas de la nueva ponencia después de casi cuatro años de debate. Pero el Ejecutivo considera que ya ha quedado suficientemente probada la impotencia de la institución para, en su actual composición, deshacer el bloqueo.
En todo caso, la decisión de poner en marcha el proceso de renovación de los cuatro magistrados que deben ser elegidos por la cámara alta -”también paralizado desde hace año y medio-” viene impulsada igualmente por un factor endógeno: la tensión labrada entre PSOE y PSC a cuenta de la decisión de Montilla de promover una reforma legislativa que fuerce el relevo en el Constitucional.