Demandan a las fiscales por ocultar una prueba exculpatoria en el Gürtel
El abogado Peláez, que logró la imputación de Garzón por las escuchas carcelarias, acusa a Anticorrupción de saltarse el turno de oficio para dar el caso al magistrado
Ignacio Peláez, el ex fiscal de la Audiencia Nacional que presentó la querella contra Baltasar Garzón por las escuchas ilegales del caso Gürtel en los locutorios carcelarios, apunta ahora contra las fiscales del sumario, Concepción Sabadell y Myriam Segura. El letrado ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra las dos representantes del Ministerio Fiscal por prevaricación y contra las garantías de la intimidad, los mismos ilícitos que imputa al magistrado suspendido.
Peláez acusa a las dos fiscales de haber retirado del sumario una prueba clave que, en su opinión, exculparía al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, del delito de cohecho impropio. Se trata de una conversación en un locutorio de Soto del Real el 6 de marzo del 2009, en la que Peláez habla con el número de dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, sobre los supuestos regalos de Orange Market a Camps.
En ese pinchazo Crespo afirma tajante que el president «se pagó sus trajes» y desmiente a otra de las imputadas, Isabel Jordán, de la que ellos, por entonces, sospechaban que había confesado los regalos de Alvaro Pérez El Bigotes a Camps. «Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque no es cierto», insistía Crespo.
Peláez, que pide al instructor del Supremo que se amplíe su querella inicial contra Garzón a las dos fiscales, entiende que Sabadell y Segura «tuvieron perfecto conocimiento de que de forma maliciosa no se enviaron estas transcripciones al TSJ de Valencia», en el que se enjuiciaba y de nuevo se enjuicia a Camps y a tres de sus más cercanos colaboradores. Esta omisión, entiende el abogado, privó a la defensa de Camps «de una prueba fundamental».
Peláez también acusa a sus dos ex colegas de haberse beneficiado en su investigación de las escuchas carcelarias ya declaradas ilegales -”por ellas reclamadas y amparadas-” y de haber forzado que este sumario cayera en manos de Garzón, evitando el reparto del turno de oficio. El denunciante alega que interpusieron su denuncia ante el juzgado de Garzón alegando que tenía una conexión con el sumario BBVA Privanza, al existir coincidencia de nombres.