Sin reforma laboral pactada y no lesiva habrá huelga general

Los sindicatos han lanzado un órdago al Gobierno. Convocarán huelga general si el Ejecutivo aprueba por decreto una reforma laboral que consideren «lesiva» para los derechos de los trabajadores. Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, enviaron este mensaje al Gabinete, tras denunciar la deriva que, a su entender, ha supuesto el decreto por el que se acuerda la rebaja del sueldo de los empleados públicos y la futura congelación de las pensiones. Las centrales anunciaron que apoyarán con movilizaciones la huelga general convocada para el 8 de junio por los trabajadores de las administraciones.

Toxo y Méndez consideran que todavía es posible un acuerdo entre las partes para introducir cambios en el mercado laboral, y tampoco cierran la puerta a la posibilidad de que el Ejecutivo legisle en línea con sus intereses, dando de lado las exigencias empresariales. Pero se han mostrado extraordinariamente preocupados por el ejemplo que pueda suponer la actuación del Gobierno de Zapatero. Evocaron que, alentado por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con los trabajadores de la función pública, el presidente de la patronal ya se ha apresurado a invitar a los empresarios a vulnerar el contenido de los pactos bilaterales alcanzados para mantener la estabilidad de las empresas en los próximos tres años.

Los sindicatos emplazaron al Gobierno a volver a implicarse en la negociación de la reforma laboral y aseguraron desconocer los planes de Zapatero, e incluso la eventualidad de que hubiera renunciado a desplazarse a Brasil para estar disponible y mediar, en su caso, entre los interlocutores sociales.

Sobre todo, instaron a Ejecutivo a no poner plazos límite para el entendimiento sin especificar antes las disponibilidades presupuestarias. ¿Cómo se va a financiar el plan de choque para la contratación de jóvenes o los programas para sacar del desempleo a los parados de larga duración y mayores de 45 años?, se preguntaron.

¿Qué reforma consideran «lesiva» las centrales?. Les inquieta que el Ejecutivo, amparado en las recomendaciones del FMI, quiera reducir las indemnizaciones de despido de 45 a 33 días por año trabajado con la generalización del contrato de fomento del empleo.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, consideró «innecesario» ampliar el ámbito al que se puede aplicar este tipo de contrato porque las personas que llevan más de seis meses en paro ya constituyen un colectivo «más que suficiente». «Si no se utiliza más es porque no hay empleo», agregó.

Y Méndez instó al Gobierno a no utilizar un lenguaje ambiguo y a no hablar de generalizar cuando lo que se propone es sustituir.