Todo empezó con la Causa General
La nueva documentación hecha pública por el Ministerio de Cultura se suma a los miles de legajos que ya ofrecía por Internet sobre la Causa General, el mayor proceso judicial de la dictadura franquista.
En junio del año pasado, el Ministerio de Cultura abría la Causa General. Todos los documentos utilizados por el régimen franquista para probar delitos durante el dominio republicano fueron identificados, descritos y clasificados por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y, una vez digitalizados, se pusieron a disposición del público en su página de Internet. El proceso de investigación a gran escala impulsado por Franco tras la Guerra Civil e instruido por el Ministerio Fiscal generó miles de legajos que, con la perspectiva de los años, permiten probar el contexto de abuso y terror que se vivió durante aquel periodo.
En León, el proceso fue abanderado por el fiscal instructor Joaquín Mider y Vigil Escalera, abogado fiscal de la Audiencia Territorial de Oviedo. Ninguna organización vinculada a la defensa de los derechos humanos asume este proceso, puesto que sólo aporta la versión oficial. Sin embargo, los legajos tienen hoy una validez documental extraordinaria. Entre otras contribuciones, los papeles aportan los nombres y apellidos, municipio a municipio, de las «víctimas nacionales habitadas en esta provincia durante la dominación marxista, clasificacdas en relación a la profesión, sexo, filiación política y edad». La Causa General fue dividida en once piezas. Sólo la principal correspondiente a León tiene más de 500 folios, a los que se añaden otros muchos con declaraciones de testigos denunciando a los sospechosos de las muertes o desapariciones de ideología conservadora, relaciones de cadáveres recogidos en las localidades y relaciones de tormentos, torturas, incendios de edificios, saqueos, destrucción de iglesias y objetos de culto, profanaciones y otros hechos delictivos. En conjunto, son once piezas que abarcan desde la situación de la banca hasta la persecución religiosa. Faltan, sin embargo, las cajas correspondientes a la Prensa y a Cárceles y Sacas.
De los cargos públicos se conserva diversa documentación, desde informes sobre sus movimientos bancarios durante el Gobierno republicano hasta su situación en el año en el que se empezó a instruir la Causa General. Tal y como consta en estos papeles, muchos de ellos ya se encontraban muertos en esa etapa —la causa se decretó en abril de 1940 para que el Ministerio Público fijara el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la criminalidad roja— y otros tantos huidos, desaparecidos o residentes en el extranjero.
Por partes, probablemente los datos más relevantes se encuentren en esa pieza principal. El régimen de Franco dio por probado, tan sólo con el certificado de los alcaldes, el asesinato de 129 personas en la provincia de León durante este periodo. Aquí se encuentra la relación de personas asesinadas en cada uno de los 42 municipios con víctimas mortales. La pieza segunda contiene información sobre la actuación de los ejércitos republicano y nacional y la participación de civiles en los mismos. Existen informes de los ayuntamientos relativos a la sublevación militar y a la liberación de la provincia, así como referencias a las autoridades y organismos republicanos. La pieza tercera no existe y la cuarta hace referencia a las investigaciones que se llevaron a cabo para averiguar la existencia de Checas (lugares donde se interrogaba y juzgaba de forma sumarísima durante el gobierno republicano). Las cajas de la pieza quinta contienen información sobre los magistrados, jueces, secretarios y jurados que actuaron en los diferentes tribunales populares. La pieza sexta tampoco existe. La séptima es el paquete documental dedicado a la actuación de las autoridades gubernativas locales, mientras que la pieza octava recoge los delitos contra la propiedad y los informes de las cámaras oficiales de Comercio e Industria. La pieza novena es la que recopila los informes de los bancos sobre los delitos cometidos contra el derecho de la propiedad o contra sus depositantes. La pieza décima recoge todos los legajos sobre la persecución religiosa y la undécima y última contiene toda la documentación disponible sobre el tesoro artístico.