La policía acusa al presidente de la Diputación de Alicante de corrupción
Las investigaciones policiales apuntan de nuevo contra el PP valenciano con contratos millonarios de recogida de basuras y transformación de residuos como telón de fondo
Camps responde a los medios ante los registros policiales en la Diputación de Alicante.
Nuevo golpe a la corrupción en la Comunidad Valenciana. Y de nuevo salpica al PP, esta vez con millonarios contratos de recogida de basuras y transformación de residuos como telón de fondo. Agentes de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), los mismos que hace 17 meses desataron la operación Gürtel, detuvieron ayer al presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP en la provincia, José Joaquín Ripoll.
Tras tomarle declaración y dejarle en libertad, la policía formuló contra Ripoll una denuncia formal por irregularidades en uno de los concursos para la gestión de residuos de 27 pueblos alicantinos en favor de un ya viejo conocido de la Udef: Enrique Ortiz, uno de los empresarios imputados en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa, acusado de haber allegado fondos opacos al PP valenciano.
1397124194 Orihuela. El operativo policial también se ha centrado en el municipio de Orihuela, gobernado por el PP, en el que los agentes investigan una adjudicación de la recogida de basuras cercana a los 9,5 millones de euros. Tres concejales fueron detenidos y quedaron en libertad tras ser interrogados y formalizarse denuncias contra ellos. Anticorrupción ha pedido la detención de un total de diez personas por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
El epicentro de la primera parte de este doble operativo de la Udef fue la Diputación Provincia. Los agentes registraron durante horas las dependencias de la institución y el domicilio particular de Ripoll donde hallaron 60.000 euros en metálico. Los investigadores tenían un solo objetivo: encontrar documentos relacionados con la adjudicación en enero del 2008 a la empresa Cespa-Ortiz la gestión durante 20 años de los residuos de la Vega Baja del Segura.
Según informaron ayer responsables de la investigación, se trata de un millonario contrato para construir una gigantesca planta de basuras en la pedanía de Torremendo (Orihuela) a fin de tratar unas 300.000 toneladas de residuos al año y que fue adjudicado por el Consorcio del Plan Zonal de Residuos de Zona XVII, un organismo dependiente de la Diputación y que presidía el propio Ripoll.
