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Zapatero y Montilla no aclaran cómo sortearán la sentencia sobre el Estatut

El jefe del Gobierno se limita a dar oxígeno político al presidente de la Generalitat con una promesa inconcreta sobre el desarrollo del texto recortado por el TC

Montilla y Zapatero se reunieronllo ayer en el Palacio de La Moncloa.

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paula de las heras | madrid
León

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Era la reunión más esperada del último mes, pero apenas arrojó resultados visibles. El encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalitat, José Montilla, concluyó sin pacto concreto alguno, sin que el presidente del Gobierno aclarara cuáles son las reformas legislativas que está dispuesto a llevar a cabo para sortear el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y sin que el dirigente autonómico exigiera siquiera unos plazos mínimos para empezar desplegar «íntegramente» el marco de autogobierno catalán. «Hoy -"justificó Montilla-" se trataba de hacer un análisis político de la situación». Lo cierto es que el presidente de la Generalitat sí había acudido a Moncloa con un informe de «expertos» en el que se especifica cuáles son los instrumentos a través de los cuales es posible salvar el contenido del texto refrendado por los catalanes en el 2006.

Daños morales. Pero él mismo aclaró, de forma algo misteriosa, que lo que de verdad le importaba de la cita con el jefe del Ejecutivo era algo más «intangible»: empezar a reparar los «daños morales» causados por la sentencia del Constitucional. Montilla aprovechó la ocasión para proclamar desde el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, que Cataluña es una nación; reclamó que se haga uso del artículo 150.2 de la Constitución -"que contempla la cesión de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas vía ley orgánica-" e incluso afirmó que no descarta reformas profundas de la arquitectura institucional, «cuando sea posible», para abrir paso a un Estado federal. Pero en realidad, volvió a Barcelona como había llegado. No sólo Zapatero no concretó qué reformas legales está dispuesto a emprender sino que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cerró la puerta al uso del 150.2 de la Constitución.