Diario de León

Freno a la protesta de guardias civiles

La Delegación del Gobierno de Madrid prohibe la manifestación de la Benemérita del 18 de septiembre

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elena caballero | madrid
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La Delegación del Gobierno en Madrid prohibió la manifestación convocada para el próximo 18 de septiembre en Madrid por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) y con la que pretenden reivindicar mejoras laborales así como la equiparación de sus jornadas de trabajo a las de los policías. Sin embargo, ambas asociaciones no piensan rendirse y recurrirán la decisión del Ejecutivo, según aseguraron ayer. El motivo de la negativa por parte del Gobierno es -según fuentes de ambas organizaciones- el carácter de «acto sindical» de sus protesta vedado para los miembros de este cuerpo de naturaleza militar. Representantes de AUGC y UO se concentraron el pasado martes en los alrededores del Ministerio de Interior -”en una marcha que sí fue autorizada por la Delegación del Gobierno-” para exigir a Alfredo Pérez Rubalcaba mejoras en su jornada laboral. Esta nueva decisión es el último punto de una polémica entre las asociaciones del instituto armado y el Ejecutivo.

El pasado lunes, el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, envió una circular a todas las unidades del cuerpo en la que recordaba a los guardias civiles que no podían acudir a actos sindicales. Velázquez advertía además de que «la transgresión de cualquiera de las prohibiciones podía ocasionar las correspondientes consecuencias disciplinarias». Alberto Moya, secretario de AUGC, y Francisco García, presidente de UO, calificaron el escrito de «amenaza» y mantuvieron la concentración del martes que se desarrollo sin incidentes.

Según fuentes sindicales, su decisión de recurrir está avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado abril relacionada con la manifestación del pasado 18 de octubre de 2008 convocada -”en ese caso-” por los sindicatos policiales. En aquella ocasión, el tribunal argumentó que el veto a manifestarse de los uniformados «no puede ser genérico».

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