El Gobierno carga contra Alonso y Lamelas por no pagar a sus mineros

Los alrededor de 2.500 mineros que están en huelga desde el martes llevan dos meses sin cobrar: las nóminas de julio y agosto. Pertenecen a los grupos Victorino Alonso y Viloria y sus empresarios se escudan ante ellos en el bloqueo del real decreto para justificar estos impagos ante la falta de salida de su carbón en el mercado. Ayer, el Gobierno desbarató este argumento, coincidiendo con la tercera jornada de paro del sector y el aluvión de críticas que está recibiendo estos días por no acelerar la aprobación del decreto, que permitiría dar salida al gran stock.

En un comunicado, el Ejecutivo Central definió como «injustificable» que estos dos grupos empresariales leoneses no paguen a sus trabajadores. Aseguró que este hecho, que -"según precisan-" afecta al 35% de los 7.741 mineros que trabajan en el país en estos momentos, supone «el incumplimiento de los compromisos asumidos por estos grupos en la Comisión de Seguimiento del Carbón y se desmarca del comportamiento del resto de las empresas del sector, que sí abonan sus nóminas con normalidad».

El Gobierno recordó, además, que estas empresas han recibido alrededor de 160 millones de euros de adelanto de todo el año 2010, equivalentes a ocho meses, que el Ministerio de Industria con el objetivo de que no tuvieran problemas de liquidez para pagar a sus trabajadores. «Se comprometieron a abonarlas y no han pagado».

Respuesta pronta de la UE . El comunicado hace referencia al perjuicio que los impagos están causando también a las cuencas mineras y evidencia que pone en «entredicho la validez de los acuerdos adoptados en la comisión de seguimiento y, en consecuencia, la propia viabilidad de este punto de encuentro».

El Ejecutivo Central quiso también, a través de esta declaración, enfatizar «el volumen de recursos» movilizados para apoyar a la minería. «Dota de estabilidad al sector y garantiza a las empresas la liquidez suficiente para pagar las nóminas a los trabajadores y normalizar su situación hasta la aprobación del real decreto por la Comisión Europea».

Respecto a esta normativa, mostró su confianza en que exista «una pronta respuesta de la Comisión que resuelva los problemas actuales». En este sentido, matizó que el real decreto «dará estabilidad al sector y permitirá mejorar la garantía de suministro eléctrico del país.

Argumentos para el retraso . Explica que este proceso ha exigido una serie de cambios reclamados por la Comisión Europea y con el apoyo de los servicios legales de esta institución de la Unión Europea sobre la validez de la norma y su «encaje en la legislación existente, el texto sigue en discusión sin elevarse al Colegio de Comisarios».

Ante el aluvión de críticas recibidas en los últimos días y las exigencias de empresarios y sindicatos, el Gobierno apuntó que «a lo largo de los últimos seis años ha sido un firme defensor del sector de la minería del carbón autóctono, como bien saben los empresarios y los trabajadores, que así lo han reconocido en numerosas ocasiones».

Argumenta su postura con este sector, en el «convencimiento» de que la generación eléctrica a partir de fósiles autóctonos como el carbón es «fundamental para reducir la dependencia energética de España y garantizar la seguridad del suministro energético en el largo plazo».

El comunicado habla, igualmente, de que el Gobierno aprobó en la pasada legislatura, por vez primera, al carbón nacional como reserva estratégica. Fue el 31 de marzo del 2006, con un nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, fijando un régimen se ayudas a la actividad, ayudas a la reactivación y restructuración con el fin de estabilizar al sector y fomentar alternativas en las cuencas..

Hizo referencia a la creación del Almacén Estratégico Temporal del Carbón a la espera del real decreto.