El Gobierno afirma que será exigente con ETA si anuncia que deja las armas
El Ejecutivo elaborará «un plan B» para cuando los terroristas abandonen la violencia
José Luis Rodríguez Zapatero advirtió a ETA de que el Gobierno no se va a creer por las buenas el hipotético anuncio del final de la violencia. La organización terrorista, dijo, tendrá que «poner encima de la mesa» pruebas que convenzan de que va «en serio», y las evidencias que se requerirán serán de «gran exigencia». En todo caso, señaló que si ETA da ese paso su primera medida será convocar a «todas las fuerzas democráticas» para «compartir» la respuesta.
Nadie en el Gobierno, hasta ahora, se había adentrado en conjeturas sobre el anuncio de la renuncia a las armas de la organización terrorista, pero el jefe del Ejecutivo dio ayer unos tímidos pasos en esa dirección. «Quiero que sepan» la postura gubernamental para ese momento, dijo por toda explicación. Zapatero dejó sentado que no se fía de ETA, «hay que desconfiar» después de todo lo que pasó en el anterior alto el fuego y su abrupta ruptura con la voladura del estacionamiento de coches en la T-4 de Barajas.
La desconfianza en el Gobierno y en la sociedad «es grande», subrayó, y la suya, acotó, «muy profunda».
Pero dicho esto, admitió que el Ejecutivo tiene que contemplar «todas las hipótesis», incluida la del final definitivo de la violencia y hasta la disolución de ETA. El Gobierno, añadió, debe contar con «un plan B» ante esa eventualidad, «y hasta un plan C».
En la tregua del 2006, Zapatero habló con todas las fuerzas políticas en varias rondas de consultas en el palacio de la Moncloa, pero no llegó a convocar una reunión en torno a una mesa con todas las formaciones. La única acción unitaria fue la aprobación en el Congreso, con la oposición del PP, de un permiso al Ejecutivo para mantener los contactos con la organización terrorista, una autorización que, por cierto, nunca ha sido derogada pese a que los populares lo han exigido en numerosas ocasiones. Los socialistas consideran que ese placet quedó sin efecto el mismo día en que se rompió la tregua, y carece de sentido votar su anulación.
El presidente del Gobierno no mencionó en una entrevista concedida a la cadena Ser si entre las exigencias para aquilatar la sinceridad de un cese definitivo de la violencia estaría una verificación internacional del desarme.