España protesta a la ONU por sus informes sobre torturas a etarras

Los desencuentros entre el Gobierno y la ONU a cuenta de la ley antiterrorista han derivado en una guerra abierta. El Ejecutivo ha remitido este mes un duro informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que avisa que no va cambiar un ápice sus leyes antiterroristas pese a las críticas y presiones de su relator especial, el finlandés Martin Scheinin, que en los últimos años ha denunciado reiteradas veces la supuesta ilegalidad de la Audiencia Nacional como tribunal especial para terrorismo o el régimen de incomunicación de hasta cinco días a los detenidos acusados de pertenencia a banda armada. La respuesta gubernamental llega incluso a descalificar en duros términos al relator.

La gota que ha colmado la paciencia del Ejecutivo ha sido el informe del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU, que el pasado mayo se hizo eco en una decena de recomendaciones de las denuncias de Scheinin. Varios países, incluso, exigieron cambios legislativos inmediatos en la lucha antiterrorista. La respuesta del Gobierno, con fecha del 8 de septiembre, es tajante: «El sistema de detención incomunicada obedece en nuestro país a una realidad, que es que España tiene un terrorismo activo que ha causado más de mil víctimas mortales en los últimos 30 años. La necesidad de prevenirlo justifica la existencia de una medida que en el ordenamiento jurídico español está sometida a numerosas cautelas legales», explica la legación diplomática, que deja claro que «no hay previsiones para la modificación de las legislación española».