El CGPJ y la Fiscalía garantizan que no cambiará la lucha contra ETA

Firmeza y mano dura contra ETA. El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado coincidieron ayer en afirmar que el alto el fuego decretado por la banda terrorista no va a modificar un ápice las actuaciones judiciales contra los etarras. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Dívar, y el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, dejaron claro durante el acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey, que el único compromiso de la Justicia es acabar con la violencia de ETA, y que jueces y fiscales continúan «invariables» pese al último comunicado de la banda en el que muestra su disposición a negociar con mediadores internacionales para que verifiquen el «cese de la acciones armadas».

A diferencia del acto de apertura judicial del pasado año, en el que sobrevoló en el ambiente la segunda huelga de jueces de la democracia, en esta ocasión el tema fue ETA. Y la respuesta de la judicatura, unánime: fortaleza. El primero en tomar la palabra fue Conde-Pumpido, que en presencia de autoridades civiles, judiciales y militares mencionó la lucha contra los etarras como un referente «continuo e invariable» porque la novedad en esta materia, dijo con redundancia, «es que no hay novedad». «Digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan, seguimos y seguiremos cegando las vías de la violencia en todos los tramos de su cruel recorrido», aseguró el máximo responsable del Ministerio Público.

1397124194 Aviso a la izquierda aberzale. El fiscal general valoró la actividad antiterrorista del Ministerio Público de la Audiencia Nacional y ofreció al Gobierno su mano para eliminar «cualquier resquicio» de la ley que ofrezca ventaja a quienes la desafían, en referencia a los terroristas, a sus testaferros y a quienes se sirven de sus intereses «para usurpar con su presencia las instituciones democráticas». Un aviso explícito a la izquierda aberzale de que no tiene ninguna posibilidad de concurrir a las elecciones si no condena la violencia etarra. Más concreto, pero igual de firme, Dívar reafirmó el compromiso del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional para combatir la lacra terrorista «desde la estricta aplicación de la ley» y destacó que ambos tribunales «siguen manteniendo el impulso que reclama nuestra sociedad sin posibilidad de ceder ni un milímetro» a los intereses de la banda ni a quienes les amparan.

Dentro de la actividad judicial contra ETA, el fiscal general puso de relieve el trabajo del Ministerio Público para combatir los espacios de visibilidad pública que tradicionalmente han usado los seguidores de la banda para homenajear a los presos etarras y justificar la violencia. Conde-Pumpido señaló que el pasado año se tramitaron 400 diligencias por delito de enaltecimiento del terrorismo «contra aquellos que usaban símbolos e imágenes, a la vez desafiantes y patéticas, de sus victimarios». El fiscal general del Estado y el presidente del Poder Judicial hicieron, además, una encendida defensa de la independencia de jueces y tribunales y tocaron otros asuntos que están en boca de la judicatura, como la lucha contra la corrupción o las consecuencias de la crisis económica en la actividad judicial.

Conde-Pumpido alabó la labor de la Fiscalía Anticorrupción y señaló que la acción penal contra esta lacra demuestra que este fenómeno «no se vincula a una u otra formación política, sino al abordaje ególatra y lucrativo del poder de sujetos o grupos que sólo militan en su propio afán depredatorio».