Doce mil leoneses tienen derecho a las prestaciones entre 2011 y 2014
Más de doce mil leoneses con dependencia moderada tendrán derecho a acogerse a las prestaciones de la dependencia entre el 2011 y el 2015, el último período de implantación de este derecho universal que empezó a andar dando cobertura a las personas de gran dependencia en el año 2007.
Se trata de los datos estimativos extraídos del informe Las personas con dependencia en Castilla y León, de Antonio Jiménez Lara, y que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tiene como referencia, aunque «la realidad será la que vaya marcando la implantación de la ley», recalca la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos.
De mantenerse la tendencia actual, las personas que se acogerán a los cuidados familiares superarían el 40%. Es decir, más de cinco mil personas. En caso de que la comisión interterritorial de la Dependencia decida suprimir la figura del cuidador familiar de la cartera de servicios para la dependencia tendrían que decantarse por alguno de los servicios que prevé la ley. La mayoría de las comunidades autónomas están de acuerdo en no incluir la atención residencial, toda vez que se trata de personas que precisan ayuda para alguna de las actividades de la vida diaria pero no tienen una dependencia severa.
La Junta de Castilla y León cree que la propuesta de suprimir la figura del cuidador no debe basarse en criterios económicos, ya que la dependencia moderada puede atenderse con menos medios.
La administración autonómica es partidaria de mantener una «cartera de servicios homogénea para todos los grados y niveles de dependencia», entre otras cosas, «porque las personas van evolucionando en su situación».
Pero ve necesario introducir algún factor de corrección frente a la elección de la persona dependiente y sus familiares, que es el criterio que prima en la actualidad. «Deberían introducirse criterios profesionales y adaptación de las necesidades y servicios de las personas dependientes porque cada persona y cada familia es un mundo», remarca la gerente de Servicios Sociales.
Las modificaciones en la cartera de servicios «complicarían la gestión», además de los inconvenientes que puede causar a las personas beneficiarias de la atención a la dependencia, indica Marcos.
Durante el presente año, el coste de la ayuda a la dependencia ha supuesto 486 millones de euros, de los cuales la Junta, las administraciones locales y las familias aportan más del 80% y el Estado menos del veinte por ciento.