Pérdidas económicas irrecuperables por el escaso margen que acepta la UE
Las cantidades que Hidrocantábrico deja de percibir por cada día de retraso del real decreto son irrecuperables, ya que la medida tiene un plazo de vigencia muy corto (el 2014, según explica en el recurso atendiendo al plazo dado por la Comisión Europea, o en el horizonte temporal que se apruebe definitivamente en unas semanas). En todo caso, «cada día que el decreto deja de ser aplicado, Hidrocantábrico pierde de manera irreparable las cantidades que, en cumplimiento de dicha norma, tiene derecho a percibir».
El real decreto debería haber estado operativo, de no ser por los recursos de las tres grandes eléctricas, el pasado día 1 de noviembre, ya que su desarrollo normativo había seguido los pasos correspondientes: el 22 de octubre se fijaron las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía para el 2010 a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro. Y el 28 de octubre el BOE planteó el plan semanal de funcionamiento del procedimiento de restricciones por garantía de suministro, que debería haber comenzado el 1 de noviembre.
Hidrocantábrico presentó el 28 de octubre el compromiso de adquisición de carbón firmado con Hunosa y con Carbones Linares.
El retraso en la puesta en marcha del mecanismo causa pérdidas de casi 127.000 euros diarios, ya que la central térmica de Soto de Ribera 3, «al no resultar casada mediante el procesimiento de restricciones por garantía de suministro previsto, se halla imposibilitada de recuperar los costes fijos en los que incurre».
Abocadas al cierre. Hidrocantábrico denuncia también que la suspensión del real decreto tendrá como consecuencia la pérdida de un suministrador de carbón autóctono (Hunosa) «imprescindible para el ejercicio por Hidrocantábrico de la actividad de generación eléctrica», ya que el 21,5% de sus consumos proceden de este yacimiento. Sería así porque la no aplicación del decreto tendría como «consecuencia el inevitable cierre de las explotaciones mineras».
Además, la eléctrica con sede en Oviedo tiene un parque de carbón autóctono almacenado de casi 710.000 toneladas, con un valor de más de 38 millones de euros, «cuya utilización económicamente viable depende directamente de la aplicación del decreto».
Circunstancias a las que se añade, en opinión de la eléctrica, el grave perjuicio al interés público que supone la suspensión de una disposición de carácter general como el decreto.