El Gobierno no ha planteado medidas para las minas competitivas
Las reuniones y comisiones para cerrar los términos definitivos del futuro reglamento de ayudas al carbón en la Unión Europea se intensifican, ante la inminencia de una resolución definitiva del escenario en el que se moverán las industrias mineras en los próximos años. El Parlamento Europeo votará el próximo martes la propuesta que elevará al Consejo de Europa, que no será vinculante pero sí orientativa de cuáles serán los límites que imponga Bruselas a las ayudas públicas. En cualquier caso, el reglamento final debe quedar aprobado el próximo 10 de diciembre.
A tan pocas fechas de estas citas decisivas, ningún país, incluida España, ha planteado que las minas que se conviertan en competitivas para la fecha prevista para el cierre de las explotaciones no tengan que cerrar ni devolver las ayudas. Una falta de iniciativa que preocupa de forma especial al sector, que ha intentado movilizar tanto a los responsables de las autonomías afectadas por la crisis minera como a los europarlamentarios españoles, con el objetivo de que antes de la votación definitiva se contemple una salida para aquellas explotaciones que puedan resultar viables tras el nuevo periodo de ayudas.
Hasta el momento todas las comisiones parlamentarias involucradas en elaborar la opinión del Parlamento Europeo han pedido que las minas que se conviertan en competitivas ni cierren ni devuelvan las ayudas. Sin embargo, mientras muchos países han reclamado, por ejemplo, que se modifique el porcentaje de reducción de ayudas propuesto inicialmente por la Comisión Europea, ninguno ha planteado que las minas que lleguen a un nivel de viabilidad puedan seguir adelante sin devolver las ayudas que han recibido.
El reglamento que se ha planteado hasta ahora contempla la concesión de ayudas a las explotaciones pero ligadas al cierre. Si al concluir el periodo previsto de ayudas las minas no cierran, deberán devolver las ayudas. Una circunstancia que llevaría a la quiebra incluso a aquellas empresas que pudieran alcanzar un nivel adecuado de competitividad a partir de ese momento.
El sector reclama que esta medida se plantee explícitamente en el Comité de Representantes Permanentes, para evitar que quede fuera de la votación definitiva del próximo día 10.