Diario de León

El sector reclama extender las ayudas hasta que se pruebe el «carbón limpio»

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m. j. muñiz | león
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El sector minero lleva a cabo estos días una intensa labor en Bruselas para apurar los últimos minutos antes de la votación definitiva (el 10 de diciembre, después de la consulta no vinculante que hará la próxima semana el Parlamento Europeo) y arañar una mejora en las condiciones del nuevo reglamento de las ayudas al carbón. Desde las patronales mineras tanto alemana como española (GVST y Carbunión) se ha dado la voz de alarma sobre la dejadez de los gobiernos con industria carbonera a la hora de garantizar la supervivencia de las minas que alcancen la rentabilidad en el horizonte de ayudas que finalmente se fije. Tampoco España ha solicitado esta medida.

El planteamiento actual del reglamento establece que al final del periodo de ayudas las minas deben cerrar, y si no lo hacen tendrán que devolver las subvenciones recibidas en todo el periodo. Desde el sector empresarial se advierte de que las pocas minas que puedan alcanzar la viabilidad al final del plan de ayudas no podrán en ningún caso sobrevivir si entonces tienen que hacer frente a una devolución multimillonaria. En cualquier caso, aseguran, el sector quedaría adelgazado hasta convertirse en una industria residual: incluso sin devolver las ayudas serían muy pocas las explotaciones capaces de mantenerse por sí solas.

Pero más allá de esta llamada de atención que consideran vital para el sector, las dos patronales han intensificiado su ofensiva entre los europarlamentarios con el objetivo de introducir una serie de enmiendas a la propuesta de reglamento que les den algo de tiempo y suavicen las draconianas condiciones planteadas por la Comisión Europea. Por ejemplo, en el marco temporal en el que se podán conceder ayudas. La comisión fijó el cierre de las minas para el 2014, y más tarde el Parlamento Europeo, en una tesis que parece haberse dado por buena en todas las instancias, propuso ampliar las subvenciones hasta el 2018.

Enmiendas. Ahora el sector reclama introducir una enmienda en la que se plantee mantener las ayudas hasta el 2020. La justificación se centra en las investigaciones que se llevan a cabo para desarrollar la combustión limpia. Varios países (entre ellos España, a través del proyecto con la Ciuden) están investigando la combustión, transporte y almacenamiento del CO 2 . Lo hacen además con multimillonarias ayudas europeas. Las empresas mineras recuerdan que las primeras pruebas de estas investigaciones se harán en el 2015, y que los resultados deberían comenzar a funcionar en el 2020, por lo que reclaman esperar a que se pruebe la eficacia del «carbón limpio» antes de condenar definitivamente al sector.

Otra de las enmiendas que se plantea introducir a la propuesta de reglamento inicial es el porcentaje de reducción de las ayudas a lo largo del periodo de vigencia. La Comisión estableció un 33% menos de subvención cada quince meses, algo que el sector considera inasumible; y el Parlamento rebajó después este porcentaje hasta el 10% anual, un descenso que en todo caso se considera excesivo por parte de las empresas. La propuesta ahora pasa por establecer en el reglamento que los países deben establecer un régimen de ayudas decreciente, pero al igual que ocurre hasta ahora dejar que sea cada país el que establezca el porcentaje de reducción en sus planes de reestructuración internos. En España el Plan del Carbón 2006-2012 fija la reducción anual de las ayudas en un 3,25% para cielos abiertos, y 1,25% para minería subterránea.

Por último, el planteamiento inicial del Reglamento contempla que el marco de actuación de esta norma concluya en el 2020. El sector propone introducir una enmienda que alargue este marco hasta el 2030, y argumenta que, una vez cerradas las minas, son muchas las cargas a las que tienen que hacer frente los estados: prestaciones sociales para los trabajadores que se quedan sin empleo, seguridad en las minas abandonadas, restauración de las zonas afectadas por las explotaciones,... Una tarea que no se realiza en menos de una década desde el cierre de las explotaciones.

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