Diario de León
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«Si no fuera por los marroquíes habríamos tenido otro 11-M». El comentario es de un muy alto cargo y da respuesta a una pregunta que en los últimos días ha ido de boca en boca: ¿Por qué España no condena a Marruecos por la represión a los saharauis? Hay razones de distinta índole, entre ellas las geopolíticas y migratorias, pero sobre todo una, la seguridad. En la balanza de intereses del Gobierno de Zapatero pesa más, mucho más, la amistad con Rabat por los servicios que presta a la seguridad nacional que los afectos nostálgicos hacia los saharauis y el Frente Polisario.

España alberga dos temores allende el Estrecho, uno fundado y otro en ciernes. El terrorismo de las células islamistas radicales está ahí, y Marruecos desde el 2004, tras los atentados del 11-M en los que nueve de sus autores procedían del país vecino, colabora para alertar de los movimientos sospechosos. La amenaza aún no concretada y discutida por los expertos es la penetración de Al Qaeda entre los saharauis, de ahí los nulos esfuerzos del Gobierno por impulsar un Sáhara independiente que podría convertirse en un estado fallido en manos de los fundamentalistas.

Este tablero de riesgos e intereses explica en cierto modo la cautelosa, timorata para muchos, reacción de España ante los sucesos del El Aaiún. Unos hechos que se han convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno por la simbología que encierra para los socialistas todo lo que viene del Sáhara.

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