No creen en la confesión del celador

Los responsables del geriátrico La Caritat de Olot señalaron ayer que «no dan credibilidad» a las declaraciones del celador Joan Vila, que se ha autoinculpado de once asesinatos, y han defendido «la profesionalidad» de los doctores que certificaron «la muerte natural» de los ancianos.

En un comunicado hecho público ayer, la dirección del geriátrico ha dicho que desconfía de la versión del imputado «tanto en lo que le beneficia como en lo que le perjudica, porque una persona que ha variado el contenido de las declaraciones a medida que ha avanzado el proceso puede, hoy, una vez más, estar mintiendo».

El abogado del centro, Joan Cañada, ha añadido que la declaración del acusado «se tambalea» cuando menciona «el supuesto cambio del método utilizado para asesinar a sus víctimas».

En respuesta a los periodistas, el director del geriátrico, Joan Sala, ha asegurado que los certificados de defunción de todos los ancianos presuntamente asesinados por el celador Joan Vila «se hicieron correctamente», y que no duda de la profesionalidad de la doctora de la residencia ni de otros médicos que los extendieron.

En una rueda de prensa ofrecida tras la confesión de Vila de que acabó con la vida de once ancianos suministrándoles barbitúricos, insulina u obligándoles a beber líquidos corrosivos, el director ha reconocido que el acusado tenía acceso a los medicamentos porque «los auxiliares tienen que ayudar a las enfermeras en su suministro».

Sala ha manifestado, en esta línea, que los certificados de defunción sólo exigen un examen exterior del cuerpo y que no siempre se puede detectar una muerte provocada. «Incluso ahora es difícil para los forenses, cómo no lo va a ser para un médico que examina de forma externa a un fallecido, tal como indica el protocolo», ha resaltado el director de La Caritat.

Asimismo, ha indicado que no detectaron «ninguna anomalía» en el comportamiento del celador porque, de haber sido así, habrían dado la voz de alarma.

Joan Vila, de 45 años, confesó el martes ante el juez haber «ayudado a morir» a un total de once ancianos -nueve mujeres y dos hombres-, ocho más de los tres que admitió inicialmente.