Diario de León

El PP duda de que el Gobierno llegue a castigar con dureza a los controladores

El PSOE alega que la ley no es igual para «los que coaccionan y los coaccionados»

Imagen de un pasajero esperando ayer un vuelo en el aeropuerto Tenerife-Norte.

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p. de las heras | madrid
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El Partido Popular se mantiene en un amagar y no dar a la espera de que José Luis Rodríguez Zapatero explique con detalle su actuación en el conflicto con los controladores, pero la portavoz de la formación en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anticipó ayer que exigirán la aplicación de la ley «en toda su extensión» para que los amotinados no queden sin castigo. El anuncio de que la Fiscalía irá a por los «cabecillas» de la revuelta pero medita dar un trato de favor a quienes pudieron ser «coaccionados» ha levantado en el PP la sospecha de que, una vez dado el puñetazo en la mesa, el Gobierno piensa relajarse. Ese es el resquicio que han encontrado los populares para la crítica. Mariano Rajoy ya adelantó el lunes su apoyo a la declaración del estado de alarma que mañana, jueves, será explicada ante el pleno del Congreso por Zapatero, pero eso no quiere decir que piense ser suave con el Ejecutivo ni que descarte exigir «responsabilidades». Los populares defienden que el Gobierno tendrá que justificar por qué se llegó al escenario caótico del pasado fin de semana y miran de reojo al ministro José Blanco.

«Nosotros dimos un voto de confianza al Gobierno en su pugna con los controladores al apoyar el decreto que regulaba su nueva situación y diez meses después nos hemos encontrado con esto -reprochó en RNE el secretario general del grupo, José Luis Ayllón-; nos tienen que explicar qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha negociado, por qué no se ha llegado a un acuerdo y, sobre todo, por qué no tenían un 'plan B'». Sólo después de obtener una respuesta decidirán si es o no preciso exigir dimisiones como el domingo se apresuró a demandar el diputado popular Rafael Hernando.

Lo cierto es que no están solos en este argumento, ni en sus dudas sobre lo ajustado de haber aprobado el viernes por sorpresa un decreto en el que se especificaba cómo debían contabilizarse las horas laborales de los controladores. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, también puso sus pegas a ese gesto de autoridad contra los controladores justo en vísperas de un puente. En su blog asegura que es «muy posible» que la decisión fuera equivocada y extemporánea.

El socialista José Antonio Alonso replicó encendido a este reproche. «¿Es que el Gobierno tiene que pedir permiso a los controladores o tener algún tipo de recato a la hora de hacer un decreto ley por si los controladores se enfadan?». «¡Faltaría más!», recriminó.

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