El Gobierno habla de «buena noticia» y la Junta de «rendición»
Las movilizaciones como la de anteayer se repetirán en el sector en defensa de su futuro.
El Gobierno español considera «una buena noticia» la decisión de la Unión Europea de extender las ayudas a las minas deficitarias de carbón hasta el 2018, según dijo ayer el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido. La decisión «supone que la minería española va a tener ayudas que van a estar aceptadas por la UE, que les va a permitir la apertura de esas minas más de lo que en principio se pensaba y más de lo que se había permitido», explicó López Garrido antes de participar en la reunión ministerial en la que se dará el sí definitivo a la prórroga. «Es una buena noticia para el conjunto de la minería española y especialmente para la minería de carbón», valoró.
Para López Garrido, la fecha de 2018 supone «un avance» que España ha conseguido «con ayuda de otros países como el caso de Alemania» y la Comisión Europea. La legislación supondrá el cierre definitivo de las minas no competitivas en 2018 «y, para ello, el estado va a ayudar a que se mantengan esas minas, primero, y que puedan cerrarse después, con los gastos que lleva aparejados», explicó López Garrido.
Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, acusó ayer al Gobierno de España de «dejadez» y de mantener «una actitud pasiva» sobre el futuro del sector de la minería en Castilla y León e insistió en que la propuesta supondrá el «cierre acelerado» de las empresas del sector «mucho antes del 2018» porque no tendrán capacidad para devolver las ayudas financieras, ni para hacer más inversiones.
El vicepresidente segundo de la Junta había reclamado al ministro Industria, Miguel Sebastián (quien finalmente no viajó a Bruselas), que tomara ayer la palabra para reabrir el debate y provocara que el día 18, en la reunión de presidentes, se pueda corregir, aunque sostuvo que en política energética este gobierno «no lo está haciendo muy bien».
Según el vicepresidente de la Junta, la propuesta supone «un error» y que «España se rinde claramente ante la presión europea». Por eso, explicó que la prórroga debería haber estado condicionada a que las empresas que sean competitivas, por el esfuerzo inversor y de subvenciones públicas, puedan seguir con su actividad sin devolver esas ayudas.
«Es una solución absurda para el sector», precisó Villanueva en relación a la reducción de las ayudas a partir del 2013. «Eso es decir que cierren», insistió. En su opinión, si se aprueba con estas condiciones la prórroga «no servirá para nada», «es inútil».
En cuanto a las movilizaciones anunciadas por los sindicatos, Villanueva aseguró que las respeta, pero «no es lo más correcto».