El Estado tendrá que «aliviar los costes sociales» derivados del fin del carbón

El Consejo de Ministros de la Competitividad aprobó ayer definitivamente el Reglamento de las Ayudas Estatales Destinadas a Facilitar el Cierre de las Minas de Carbón no Competitivas, y lo hizo en los mismos términos que había fijado el Consejo de Representantes Permanentes el pasado miércoles. El punto se aprobó sin debate en el Consejo de la Unión Europea, tal y como estaba previsto en el orden del día, y deja a la minería del carbón española definitivamente abocada a cerrar como muy tarde en el 2018 las explotaciones que perciban alguna ayuda a la producción a partir del próximo día 1.

Al margen de fijar esa fecha como límite máximo para que las empresas puedan recibir ayudas (frente a octubre del 2014, prevista inicialmente), y de establecer el porcentaje en el que deben decrecer las subvenciones a partir del 2013; el reglamento fija entre otros puntos que son los estados los que deben «tomar medidas para aliviar las consecuencias sociales y regionales del cierre de las minas, es decir, el cese ordenado de las actividades en el contexto de un plan de cierre irrevocable de la mina y la financiación de los costes excepcionales, en particular las cargas heredadas del pasado».

El único cambio introducido en el reglamento a última hora retrasa al 31 de diciembre del 2027 el final de la vigencia del documento, un año más de lo previsto inicialmente. Este periodo, más allá de la fecha del 2018 fijada para el cierre de las explotaciones que reciban ayudas desde ahora, es el plazo que da la UE a los estados para establecer ayudas a las prejubilaciones, la recolocación y formación de los trabajadores, la rehabilitación de los espacios mineros y demás actuaciones necesarias para que el cierre de las minas sea «ordenado».

Un horizonte de futuro. El ministro de Industria español, Miguel Sebastián, no acudió al consejo europeo de responsables de su departamento a pesar de las peticiones de los últimos días para que intentara forzar alguna mejora en el reglamento. Sebastián defendió en el Consejo de Ministros el Plan Integral de Política Industrial 2020 y la Ley General de Telecomunicaciones; ya que desde el Gobierno se consideró que la propuesta aprobada el miércoles sobre las ayudas al carbón deficitario era definitiva y el resto de los países europeos no accederían a nuevas modificaciones.

Desde Madrid, Miguel Sebastián insistió ayer en sus argumentos y defendió que el Gobierno se encuentra satisfecho con el reglamento aprobado, porque da «un horizonte de futuro» al carbón. Insistió el ministro en que a lo largo del próximo año negociará con sindicatos y empresarios un nuevo Plan del Carbón, con una vigencia entre el 2012 y el 2018, que sustituirá al que está actualmente en vigor, que concluía en diciembre del 2012. «Ahora tenemos siete años más hasta el 2018, y lo importante es que hagamos un nuevo plan del carbón que dé tranquilidad y recursos a las cuencas mineras», destacó el ministro, que insistió en que lo importante es que será posible contar con recursos para llevar a cabo esta nueva planificación.

Sebastián hizo hincapié en el apoyo que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha mostrado al carbón: «No hay un Gobierno que haya apoyado y siga apoyando tanto como éste al carbón, en España y en Europa»; un apoyo que, recalcó, «ha sido reconocido por muchos países de Europa y me gustaría que se reconociera también por muchas regiones de España».