La única transferencia de la legislatura
La firma del traspaso de competencias del parque nacional de Picos de Europa llega al final de una legislatura que comenzó con otros dos retos en la agenda de las negociaciones con el Estado: la gestión de la cuenca del Duero y las competencias en Justicia, dos cuestiones que permanecen paralizadas ante la falta de acuerdo con el Gobierno central. Esta misma semana, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tiraba la toalla respecto a la posibilidad de que la comunidad asumiera la gestión de la Justicia antes de que el próximo mayo concluyan los cuatro años de mandato. «Atascado y parado» son los calificativos con los que Del Olmo define el traspaso de las competencias en este área, una situación estancada por la falta de compromiso del Gobierno para hacerse cargo del coste efecto de las oficinas judiciales, una exigencia irrenunciable de Castilla y León.
Pendiente de una reunión para avanzar posturas entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el ministro del ramo, Francisco Caamaño, la negociación se ha encontrado en el camino con otro obstáculo, la dotación presupuestaria para el edificio de la Justicia en Valladolid y en Palencia, que tampoco se contempla desde Madrid.
Respecto a la transferencia del Duero, las quejas de la Junta se refieren a las «infinitas pegas» -”en palabras del consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez-” que no permiten iniciar el proceso, y que atribuye a la ausencia de una política clara sobre el agua del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene en su poder desde enero del 2009 una propuesta de la Junta para arrancar las negociaciones.
La asunción de estas competencias, recogidas en el Estatuto de Castilla y León, es un tema prioritario para el gobierno autonómico que considera su gestión «absolutamente fundamental» para ordenar el territorio de la comunidad ya que el Duero «define y dibuja» la región.
Castilla y León reivindica ante el Estado el mismo proceso y la misma celeridad utilizado por Andalucía para asumir el Guadalquivir, comunidad que también reclamó las competencias por vía estatutaria.