Castilla y León, con un nueve, a la cabeza en aplicación de la Ley de Dependencia

Un nueve. Esa es la c alificación que el Observatorio Nacional de la Dependencia, del que forman parte directores y gerentes de Servicios Sociales, conceden a Castilla y León en la aplicación de la Ley de Dependencia. La Comunidad se coloca en el primer puesto, junto a Castilla-La Mancha, en aplicación de la ley, después de cuatro años de su entrada en vigor, en enero del 2007. El observatorio ha analizado doce escalas de valoración, con una puntuación entre cero y uno. Según este criterio Castilla y León es eficiente en el número de personas beneficiarias (47.598, el 1,86% de la población de la Comunidad, lo que supone que el 88% de los que tienen derecho reciben prestación); las solicitudes presentadas (3,23% por encima del 3,17% nacional); los dictamenes sobre el total de la población, (el 2,93%); el número de personas que tienen derecho de prestación o servicio (sólo están pendientes el 11,9%, por debajo de la media nacional que está en el 26,4%), con una mejor integración efectiva en la red local de servicios sociales, con una media superior a la anual en aportación efectiva por habitante y año (130 euros frente a los 102 de la media nacional), con nueva Ley de Servicios Sociales y una de la que más recursos ha invertido para innovar y poner en marcha buenas prácticas. Por detrás de Castilla y León se sitúan País Vasco y Aragón, las dos con un 8,5% de puntuación, y a la cola el resto de las autonomías. Canarias, con un 0,5 de nota, Madrid, con un 2, y Comunidad Valenciana con otro 2, siguen privando a los ciudadanos de los derechos que les reconoce la Ley. El Observatorio sitúa a Castilla y León, una vez más, en la que más cumple con la Ley, y escalando posiciones. Pero ¿cuáles son las carencias por las que la Comunidad no alcanza una nota de diez?. El Observatorio también las analiza.

Las directoras y gerentes de los Servicios Sociales dan un cero a la Comunidad en el equilibrio existente en las prestaciones y los servicios disponibles, (el observatorio destaca que en Castilla y León las prestaciones económicas suponen el 69,4% de las ayudas); el escaso número de altas en la seguridad social de cuidadores no profesionales (el 42,5%), lo que califican con un 0,5; las deficiencias de la información en tiempo real, que califican con un 0,5 y el inexistente modelo de seguimiento, al que conceden un cero.

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, en declaraciones al Diario de León, atribuyó ayer al perfil de las personas cuidadoras el bajo porcentaje de altas en la seguridad social: La mayoría de las personas que cuidan a dependientes en Castilla y León son mayores de 65 años y ya están dadas de alta en la Seguridad Social». En cuanto al desequilibrio entre las prestaciones sociales y económicas, Antón asegura que las familias eligen la prestación económica, «la crisis hace que las familias se decanten por el dinero, y puede aumentar esta cifra con la des aparición de los 426 euros a los parados de larga duración».