Las térmicas gallegas negocian con el carbón de importación que no consumen

Las empresas eléctricas con térmicas que funcionan con carbón de importación en Galicia, junto con el gobierno gallego, han paralizado la ejecución del real decreto de incentivos al consumo del carbón nacional durante meses con el argumento de que la medida perjudica sus intereses y afectará al empleo que se mueve alrededor de las centrales de As Pontes (propiedad de Endesa) y Meirama (de Gas Natural Fenosa). Sin embargo, la propia situación actual del mercado eléctrico ha llevado a estas térmicas a reducir drásticamente su actividad en los últimos meses. Una reducción que se ha traducido en un descenso igualmente acusado de la llegada de barcos con carbón internacional a los puertos de La Coruña y Ferrol, que abastecen a las dos térmicas.

Por contra, el imparable crecimiento de los precios del carbón en el mercado internacional ha dado la oportunidad a las eléctricas de colocar en otros mercados a precios actuales el mineral comprado a través de contratos a largo plazo a precios de hace unos meses. Fuentes del mercado de carbón aseguran que algunos de los barcos que inicialmente tenían como destino los puertos gallegos han descargado su mercancía en otros puntos de consumo, con el consiguiente beneficio económico.

El carbón fue comprado a alrededor de 60 dólares la tonelada en los contratos firmados hace meses, mientras que su precio actual se sitúa ya en 132 dólares por tonelada. Las dos térmicas gallegas, que en conjunto reciben anualmente unos 5,5 millones de toneladas, han visto caer su abastecimiento el año pasado en más de un 65%.

Mientras tanto, las empresas eléctricas y la Xunta de Galicia mantienen una batalla judicial contra la aprobación del incentivo que impulsa el consumo de carbón de las minas nacionales. La norma inicial que aprobó el Gobierno contemplaba no sólo un incentivo para las térmicas que consuman carbón autóctono, que entraría en la base del sistema eléctrico como defensa de la reserva estratégica de la única fuente de energía propia del país; sino una compensación a las centrales que saldrían perjudicadas en este nuevo sistema (las de ciclo combinado y carbón internacional) en concepto de lucro cesante. Esta última compensación fue rechazada por la Unión Europea, y pese a que el Gobierno se ha comprometido a buscar una solución, las térmicas gallegas y las distintas administraciones de la autonomía, con la Xunta a la cabeza, llevan a cabo una activa campaña contra el real decreto en el que las minas de carbón españolas han puesto todas sus esperanzas de supervivencia.

De hecho, el bloqueo en la aplicación de la medida ha colocado más allá del borde de la quiebra a las empresas mineras privadas españolas, y ha provocado una cascada de regulaciones de empleo que ha dejado ya en el paro a más de 3.000 trabajadores del sector, la mayoría de ellos en las minas leonesas. Un perjuicio económico que las compañías califican ya como irreparable, y que además el tiempo se ha encargado de poner en entredicho. A día de hoy, son las condiciones del mercado eléctrico las que expulsan del sistema de generación a las centrales gallegas (excepto en el mercado de restricciones, que tienen garantizado). Y además, la misma escalada de precios del carbón internacional se ha encargado de dar la vuelta a la tortilla: en la actualidad el carbón nacional es ya más barato que el de importación.