La Audiencia Nacional avala las escuchas ordenadas por Garzón en el 'caso Pretoria'

La Audiencia Nacional ha avalado las escuchas autorizadas en su día tanto por el juez ahora suspendido Baltasar Garzón como por su sucesor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, durante la instrucción del caso Pretoria , que investiga una trama de presunta corrupción urbanística en Cataluña. El tribunal estima que se realizaron con todas las garantías procesales.

De este modo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechaza los recursos de apelación presentados por los abogados de los imputados, que solicitaron la anulación de las principales diligencias practicadas durante la instrucción de la causa.

Durante una vista pública celebrada el pasado 10 de diciembre, las defensas pidieron, en concreto, la nulidad de las actuaciones desde que se formó pieza separada y secreta de esta causa, en la que fueron intervenidas las comunicaciones telefónicas de varios de los imputados. Alegaron que las escuchas fueron prospectivas, que carecieron de control judicial y que no se motivó la prórroga de las mismas.

Ahora, la Audiencia Nacional concluye que tanto el auto de formación de pieza separada como su declaración de secreta cumplen los requisitos procesales necesarios, y añade que las comunicaciones telefónicas cuestionadas tenían "adecuada motivación sobre la base de unos detallados informes policiales".

20 IMPUTADOS

Ruz mantiene imputados a 20 exaltos cargos y empresarios en el marco de esta causa, en la que se investigan las actividades urbanísticas que la trama supuestamente realizó aprovechando su influencia en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

La operación policial, que se llevó a cabo el 27 de octubre del 2009, destapó una presunta trama de corrupción que se saldó con la detención de nueve personas, entre las que se encontraban el exdiputado del PSC Luis García, presunto cabecilla del grupo; el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y los exaltos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Un año después, todos ellos se encuentran en libertad bajo fianzas de hasta 500.000 euros y otras medidas cautelares.

AGUJERO EN LOS TRES AYUNTAMIENTOS

Las actividades de los imputados provocaron que los tres ayuntamientos implicados dejaran de ingresar 44,7 millones de euros, según constaba en el auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón, que imputó a los principales procesados en la trama los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal y blanqueo de capitales.

En la investigación también están imputados el exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el exgerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos los cuales se encuentran en libertad bajo fianza. Igualmente, están siendo investigadas las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente; el presunto testaferro del primero, Philip McMahann; el exgerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Emili Mas; Víctor Ros (PP), exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme); el exconcejal de Urbanismo de la localidad Antoni Jiménez, y Genís Carbó, exdirector de Política Territorial en gobiernos de CiU y exconcejal de la formación en Mataró.

Completan la relación de encausados el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y el exgerente de Proyectos del Ayuntamiento de Santa Coloma, Lluís Falcón; y Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra.