El fondo para el despido se regulará antes del 18 de junio con acuerdo social

El Gobierno aprobará antes del 18 de junio el proyecto de Ley que regulará la constitución del fondo de capitalización del despido -inspirado en el modelo austríaco y previsto en la reforma laboral-, previa consulta y negociación con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. Este es uno de los compromisos recogidos en el pacto económico y social suscrito por el Gobierno y los agentes sociales, al que ha tenido acceso Efe.

Los firmantes del pacto han acordado que el futuro fondo de capitalización no supondrá un incremento de las cotizaciones empresariales, pero el texto no aclara si el fondo se constituirá sólo con la aportación de las empresas o habrá también alguna aportación estatal. De esta forma, los trabajadores contarán con un fondo que pueden utilizar en supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

El fondo se mantendrá a lo largo de toda la vida laboral del trabajador y por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año trabajado por determinar. En virtud del acuerdo suscrito, se creará un grupo de expertos integrado por seis miembros que serán consensuados por los firmantes del pacto.

Dicho grupo analizará el funcionamiento de instituciones similares que existen en otros países y su posible adaptación al sistema español de relaciones laborales, con el objeto de dar " mayor estabilidad en el empleo y una más sana movilidad laboral ". El grupo de trabajo tendrá que pronunciarse, entre otras cosas, sobre el tipo de institución más adecuada para la gestión del fondo, los aspectos relacionados con su financiación o su aplicación a todos los contratos de trabajo vigentes y futuros.

Asimismo, deberán estudiar si se configura como un nuevo derecho de capitalización individual para los trabajadores o como un derecho relacionado con los costes de extinción del contrato de trabajo. Las conclusiones del grupo de trabajo servirán al Gobierno para elaborar el proyecto de ley, previa consulta con las organizaciones patronales y sindicales firmantes del pacto.