Las hermanas acusadas de pagara ETA no denunciaron por miedo
Las hermanas Bruño creen que fueron víctimas de ETA y ahora de la Justicia.
Fueron detenidas en junio del 2008 tras aparecer sus nombres en unos documentos intervenidos en Francia a la direción de ETA. Pasaron más de un mes en prisión provisional acusadas de pagar el impuesto revolucionario . Pagaron una fianza de 20.000 euros para su excarcelación. Y ayer fueron juzgadas en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de colaboración con la organización terrorista, por el que la Fiscalía pide cinco años de prisión.
Las hermanas Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, gerente y secretaria de una empresa familiar de angulas y marisco en la localidad guipuzcoana de Usurbil, negaron ante el tribunal que hubieran hecho un pago voluntario de 6.000 euros a ETA tras recibir dos cartas de extorsión en el 2003 y el 2006, como mantiene el Ministerio Público.
Las inculpadas no sólo rechazaron esa imputación sino que a lo largo de la vista oral defendieron su inocencia, se desvincularon de la izquierda abertzale y reconocieron que el miedo a posibles represalias les impidió denunciar la extorsión ante la Policía. Es más, en su turno de última palabra calificaron de «humillante» las acusaciones de la Fiscalía y del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que, con Baltasar Garzón al frente, llevó adelante la imputación.
«Somos víctimas de la banda (terrorista ETA) desde hace 30 años, cuando nuestro padre recibió una primera carta de extorsión en el año 80, y ahora somos víctimas de la Justicia», lamentaron ante el tribunal.
Poco antes, el fiscal del caso, Vicente González Mota, defendió todo lo contrario y afirmó que la prueba documental y pericial del juicio confirmaba que las hermanas sí efectuaron un pago a ETA de forma «voluntaria».