El juez revisa los contactos Gobierno-ETA del 2006

El juez del caso Faisán busca motivos políticos para el chivatazo a ETA. Pablo Ruz ha comenzado a interrogar en secreto a buena parte de los miembros de la cúpula del Ministerio del Interior entre el 2006 y el 2007 para conocer los pormenores de los contactos entre el Gobierno y la organización terrorista a fin de comprobar si, como aseguran documentos internos de la banda, enviados del Ejecutivo enmarcaron el soplo al aparato de extorsión de ETA en mayo del 2006 como un gesto de buena voluntad en las negociaciones durante la penúltima tregua terrorista.

Según fuentes judiciales, el interés de Ruz por conocer de primera mano los detalles de esas tomas de temperatura viene motivado por la comisión rogatoria de 645 folios que la juez antiterrorista gala Laurence Levert remitió, tras varias peticiones infructuosas, a principio de enero con las diligencias abiertas en Francia sobre la operación Faisán. En ese documento hay nueve folios, que el juez decretó secretos. En esas páginas, la magistrada da cuenta de las denominadas actas de Thierry, el resumen de los encuentros entre ETA y el Gobierno que hicieron los terroristas y que fueron incautadas al entonces jefe del aparato político de ETA y supuesto número uno de la organización, Francisco Javier López Peña Thierry, detenido el 21 de mayo del 2008 en Burdeos.

En uno de esos informes, ETA asegura que el número cuatro de los negociadores del Gobierno, al que posteriores documentos de la banda identifican como el abogado José Manuel Gómez Benítez, actual vocal del Consejo del Poder Judicial, sacó a relucir el chivatazo como muestra de la buena voluntad del Gobierno cuando su interlocutor etarra se quejó de que las detenciones seguían y, en particular, mostró su enfado por la redada contra el aparato de extorsión que había ordenado el magistrado Fernando Grande-Marlaska, del que ETA sospechaba que no actuaba de motu proprio, sino a instancias del Ejecutivo. Los terroristas advirtieron entonces a modo de ultimátum que el Faisán debía ser la última operación contra ETA.

Fue entonces, según los papeles incautados en Francia, cuando el enviado del Gobierno recordó al negociador de los terroristas que incluso había «un policía de San Sebastián» imputado por el chivatazo, en realidad luego fueron tres los imputados, entre ellos el entonces director de la Policía Víctor García Hidalgo.

A la vista de estas revelaciones de Levert, Ruz, explicaron responsables de la Audiencia Nacional, ha decidido «reinstruir» (sic) buena parte de la causa que ya había dado casi por finiquitada su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón. Por este motivo, comenzó la pasada semana a interrogar, en absoluto secreto y con la sola presencia del fiscal, a los entonces responsables de la seguridad del Estado para saber si recibieron directrices sobre si ejecutar o no la operación contra el aparato de recaudación de ETA que tenía su base en el bar Faisán de Irún. Declaraciones que todavía no han concluido y que podrían prolongarse algunos días más, según estas mismas fuentes.

Entre los responsables y ex responsables de Interior llamados a declarar sobre los contactos entre el Gobierno y ETA de marzo del 2006 a junio del 2007 están, según reveló ayer La Razón , el que fuera director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida; los entonces directores de apoyo operativo de ambos cuerpos, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, que todavía lo es, y el general José Manuel García Varela, ya en excedencia, y los jefes de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, el general Martín Alonso, todavía destinado a la lucha antiterrorista, y el comisario general Telesforo Rubio. Este último, ahora agregado del Ministerio del Interior en la Embajada de Moscú, está citado hoy para que explique su tardanza a la hora de informar a la Audiencia sobre el chivatazo y de las contradicciones de sus subordinados.