La Fiscalía andaluza detecta un fraude con las ayudas al empleo de la UE
Empresas despedían a los trabajadores contratados tras cobrar por la creación de puestos de trabajo
El Ejecutivo andaluz no gana para sobresaltos a cuenta de las políticas de empleo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía investiga desde hace meses un supuesto fraude en la concesión de las ayudas de la UE como incentivos para la contratación que debían ser controladas por el Gobierno central y regional. La indagación se extiende por toda la comunidad y está a punto de concluir y ser remitida a los juzgados. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, confirmó ayer en Sevilla la trascendencia de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y el Ministerio Público. El delito consistiría, añadió, en que las empresas contactaban con la administración regional para la obtención de las ayudas para contratar a un número determinado de personas. Una vez conseguido el dinero, el empleo no se mantenía y los trabajadores eran despedidos.
El supuesto fraude, destapado por el diario ABC , se detectó al seguir la pista a las presuntas irregularidades cometidas por un sindicato de Cádiz que gestionaba cursos de formación a los trabajadores, subvencionados también por la UE, que luego no se llegaban a impartir aunque los interesados sí recibieron los diplomas.
Los agentes comprobaron que varias empresas de la provincia también estarían tratando de beneficiarse de dichas subvenciones de forma irregular, y las pesquisas se extendieron al resto de Andalucía, donde se encontraron «paralelismos» o fraudes similares en todas las provincias salvo en Huelva, según detalló Conde-Pumpido. El montante total defraudado no ha sido cuantificado aún, pero se presume abultado porque las pesquisas abarcan a cerca de un millar de empresas. El fiscal señaló que las ayudas europeas eran «canalizadas» a las empresas a través de la Junta de Andalucía, aunque matizó que si hay otro tipo de responsabilidades «se derivarán de la investigación judicial», en referencia a una presunta negligencia de la administración regional a la hora de controlar el mal uso de las ayudas.
El consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, salió al paso de la denuncia y explicó que la Junta de Andalucía se limitaba a «colaborar» con el Ministerio de Trabajo, encargado de gestionar las ayudas.