Hasta 86 funcionarios son investigados por el decreto que les obliga a devolver lo cobrado

La investigación abierta por la Consejería de la Agricultura contra el diputado y alcalde de Villamol, Lupicinio Rodrigo, por el hecho de que pudiera haber cobrado su sueldo de veterinario en la zona de Sahagún sin asistir a su puesto de trabajo, ha desencadenado todo un trabajo investigador que afecta ya a 86 funcionarios de la Administración autonómica en la provincia que, además, ocupan un cargo público en ayuntamientos, diputación o Cortes de Castilla y León. Una investigación que afecta a otras provincias, en las que también existen funcionarios de la Junta que son responsables políticos.

Estas ochenta y seis personas, según aclaran desde la propia Delegación Territorial, son aquellas que han pedido permiso para ausentarse de su puesto de trabajo «para el cumplimiento de un deber inexcusable». Como ya hiciera en su día el diputado Lupicinio Rodrigo, algo que le valió para no acudir a trabajar 164 días en el 2004; 156 días en el 2005; 153, en el 2006 y 152 días, en el 2007, que son los años a los que hace referencia la denuncia presentada por el veterinario interino Rafael Andrés Estrada contra Rodrigo.

Rodrigo trabajó 254 días en 4 años. De hecho, según los datos del propio servicio de Agricultura de la Junta en León, Lupicinio Rodrigo acudió a su puesto de trabajo desde el 2004 y hasta abril del 2008 apenas 254 días -"48, en el 2004; 61, en el 2005; 60, en el 2006; 55, en el 2007; y 30, hasta abril del 2008-". La justificación que entonces dio el diputado popular como «deber inexcusable» fueron «los certificados mensuales emitidos, con referencia diaria, desde la Diputación Provincial de León, en los que consta que asistió a la citada Institución para desempeñar funciones como diputado provincial», según certifica en el escrito firmado entonces por el secretario técnico del servicio territorial de Agricultura y Ganadería de León, Gregorio Alfonso Martínez.

Precisamente, ésta es la razón por la que el secretario general de Agricultura de la Junta, Eduardo Cabanillas, reclamó por escrito a la Delegación Territorial el 20 de enero del 2011 que investigara «si el funcionario denunciado ha percibido indemnizaciones con cargo a la Diputación de León en los últimos cuatro años y de ser así, en qué cuantía, para su posterior descuento de las retribuciones percibidas con cargo a la Administración autonómica, a través de los correspondientes partes de variación de nómina».

El decreto de la discordia. El problema viene motivado por la aplicación del Decreto 210/2000 de 11 de octubre, sobre vacaciones, licencias y permisos del personal al servicio de la Administración de Castilla y León, que en su artículo 16.a señala que «en el supuesto de que el empleado público perciba retribución o indemnización por el cumplimiento del deber, se descontará su importe de las retribuciones». Éste es el punto de la discordia que afecta a los 86 funcionarios ahora investigados, no se descarta que sean más, y que muchos de ellos, aquellos con los que ha podido hablar este periódico aseguran que no lo conocían.

Mientras tanto, el delegado territorial, Eduardo Fernández, insiste en que la posible duplicidad de retribuciones de Lupicinio Rodrigo Carvajal, «no es un caso particular». Explicó que se trata de una situación generalizada que afecta por igual «a un montón de cargos públicos» que son funcionarios del Ejecutivo autonómico «de muy distintos colores políticos». Fernández recordó que la ley estatal distingue entre las retribuciones por dedicaciones exclusivas o parciales, las asistencias a plenos y comisiones y otras indemnizaciones, mientras que el decreto de la Junta hace referencia únicamente a las retribuciones y las indemnizaciones. El delegado territorial de la Junta estimó que existe «abundante jurisprudencia» que avala el hecho de que la ley prevé la posibilidad de que hasta el 20% de las horas del desempeño de la función de los concejales o diputados puedan desempeñarlo al cargo público «para el que los ciudadanos les han elegido», señaló.

Fernández aclaró que en estos momentos se está llevando a cabo una investigación para conocer qué concepto retributivo es el que podría estar afectado por la necesidad de devolución que reclama la denuncia. Una vez que los informes estén finalizados «con total transparencia» se informará a los afectados y luego al resto, pero por el momento los informes no se han concluido, por lo que se desconoce las cantidades que podrían verse afectadas.

El ejemplo de Juan José Alonso Perandones. Dentro de este maremagnum de dudas que se han sembrado con la aplicación del decreto de la Junta, que podría obligar a devolver lo cobrado como cargos públicos al menos a 86 funcionarios de la Administración autonómica, cabe destacar el ejemplo del alcalde de Astorga, Juan José Alonso Perandones, que es profesor de Lengua y Literatura en el Instituto de Astorga y que, para poder cumplir con su función de alcalde -"por la que no cobra dedicación exclusiva-" y de profesor, solicitó a la Dirección Provincial de Educación la reducción de su jornada laboral.

De esta forma, Perandones realiza su función como regidor fuera de su jornada laboral en el Instituto, donde después imparte sin falta sus clases de Lengua y de Literatura.