El PP denuncia a seis ex altos cargos de la Junta andaluza por el caso de los ERE
La acusación va dirigida también contra cinco directivos de empresas implicadas
El PP presentará mañana en los tribunales una denuncia por siete delitos contra seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía por las irregularidades detectadas en los ERE pagados con dinero público. Los populares les acusan de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, falsedad en documento público y fraude en las subvenciones.
La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, señaló que la denuncia va dirigida también contra cinco directivos de empresas implicadas en el caso y 15 personas más, en su mayoría, dijo, dirigentes y militantes socialistas. La querella, advirtió Soto, está «abierta» y más adelante puede incluir a otras personas que pudieran haber encubierto el fraude o haberse beneficiado de las prejubilaciones irregulares.
Los seis ex altos cargos denunciados son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; los exdirectores de Trabajo y Seguridad Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual responsable de ese departamento, Daniel Alberto Rivera; y el exdelegado en Sevilla de la Consejería de Empleo Antonio Rivas.
Declaraciones como testigos. La denuncia de los populares plantea también que declaren como testigos el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa y expresidente de la agencia Idea, Francisco Vallejo, así como el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, y el interventor delegado de Control Financiero de las Empresas Públicas, Ignacio García Revilla.
En su escrito el Partido Popular explica que el origen del caso se remonta al 2001, cuando la Junta de Andalucía modificó el procedimiento de distribución de las ayudas públicas a empresas en crisis. Hasta entonces, el dinero era manejado por la Consjería de Empleo, pero a partir de aquel año se transfirieron los recursos a otros organismos públicos, como el Instituto de Fomento de Andalucía, que después pasó a denominarse agencia Idea, con, según los populares, la consiguiente relajación de los controles de fiscalización. El partido opositor calcula que el fraude puede ascender a 170 millones de euros, que es la diferencia entre los recursos transferidos a los organismos encargados de gestionar las ayudas públicas y el dinero gastado en esas subvenciones.
«Esto no es una cuestión de tres o cuatro pillos», apuntó la portavoz del PP de Andalucía, es «todo un sistema creado para vulnerar la legalidad».
