Policía y abogacía del Estado buscan abortar los otros planes de Batasuna

Toque a rebato para abortar los supuestos planes b y c de la izquierda aberzale para estar en las urnas el 22 de mayo. Sólo horas después de que el Tribunal Supremo vetara la inscripción de Sortu en el registro de partidos del Ministerio del Interior, por considerarle un sucedáneo de Batasuna, responsables de Interior, Justicia y de la Fiscalía mantuvieron los primeros contactos para planificar cómo frenar cualquier nuevo intento de las formaciones ilegalizadas por estar en las elecciones.

Según informaron responsables gubernamentales, los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, que desde el pasado noviembre siguen muy de cerca los movimientos de los dirigentes de la coalición proscrita, lo tienen claro: la izquierda aberzale no va a tirar la toalla tras el varapalo del Supremo y tampoco va a fiar su suerte a un más que incierto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que quizás ni siquiera llegue a ser admitido a trámite antes de la cita electoral.

Los servicios de jurídicos del Estado y la Fiscalía, calendario electoral en mano, ya se preparan para escudriñar las listas de partidos legales en busca de representantes aberzales que hayan podido ser empotrados en esas candidaturas, que deberán oficializarse antes del 18 de abril. Es el que conocen como plan b. Ni en Justicia ni en Interior, ni siquiera en el Ministerio Público, apuntan en voz alta a Eusko Alkartasuna, pero sus listas van a ser examinadas con lupa, después de que esta formación cerrara en enero un acuerdo estratégico con representantes de la izquierda aberzale, al que también se sumó Alternativa, una escisión de Ezker Batua.

Las fuerzas de seguridad sospechan de una posible «alianza electoral» bajo el nombre Euskal Herria Ezkerretik, para la que Batasuna pediría el voto a última hora (como hizo con ANV o PCTV), tras colocar en las listas a representantes limpios como independientes. La «alianza electoral» estaría reservada especialmente para los ayuntamientos importantes o en los que la izquierda aberzale tiene expectativas de alcanzar las alcaldías. No obstante, esta fórmula también podría emplearse para el parlamento de Navarra, y en diputaciones forales.

1397124194 Laborioso. La Abogacía del Estado y la Fiscalía reconocen que ese sería el caso más difícil y laborioso para impugnar, a pesar de que las últimas reformas de la Ley de Régimen Electoral permite pedir la anulación de candidaturas concretas -”por contaminadas-” de un partido legal e, incluso, expulsar de las instituciones a electos de un partido o candidatura que, tras ser proclamados, se demuestre que está vinculado a Batasuna o ETA. Los futuros demandantes admiten que el listón fijado el miércoles por el Supremo con Sortu -”incluidos tres votos particulares-” hará «muy complicado» conseguir «ilegalizaciones individuales o colectivas» en partido con larga tradición democrática como EA.

El plan c, sin embargo, se presenta más asequible para posibles impugnaciones. Y es que la izquierda aberzale planea constituir agrupaciones de electores para los municipios en los que no pudiera llegar con listas de empotrados.