Gestores judiciales de Nueva Rumasa toman medidas para garantizar viabilidad

Los administradores concursales de las empresas de Nueva Rumasa que ya han sido declaradas insolventes -Dhul, Carcesa e Hibramer- han tomado las primeras medidas para garantizar su viabilidad, como obtener recursos financieros, desbloquear activos y recuperar la actividad de las plantas. Según fuentes jurídicas consultadas por Efeagro, la administración concursal de Carcesa ha logrado que la compañía elaboradora de tomate pueda disponer de 7,5 millones de euros en materia prima que estaba dada en garantía de una deuda valorada en 12 millones de euros.

Esta actuación, liderada por los abogados Emilio González Bilbao e Ismael Soto y los economistas Pedro Bautista y Fernando Bigeriego, ha permitido que la empresa recupere su actividad, paralizada desde que estalló la crisis de Nueva Rumasa. Se completará con la obtención de financiación para llevar a cabo la campaña de tomate, cuya contratación con los agricultores se inicia este mes de abril.

Según fuentes consultadas por Efeagro, esas necesidades de financiación que se negocian podrían rondar los cinco millones de euros y permitirían a la compañía abastecerse con 60 millones de kilos de tomate. Por su parte, la administración concursal de Dhul, liderada por los abogados Francisco Romero y Francisco Zurita, y el economista Enrique Borrello, ha conseguido empezar a cobrar de las grandes distribuidoras españolas (Carrefour, Alcampo, Lidl y El Corte Inglés) los importes que adeudaban a la empresa de Granada por compra de producto.

Estos importes, que estaban embargados por la Seguridad Social por el impago de las cuotas de los trabajadores, han permitido retomar la actividad normal para abonar a los proveedores la materia prima necesaria para producir los postres lácteos. En el caso de la productora avícola Hibramer, se ha ordenado a la suministradora de electricidad Atel Alpiq que mantenga el abastecimiento con el objetivo de evitar la muerte de las más de 600.000 gallinas que alojan las naves de la empresa en la provincia de Valladolid.

El reto de la administración concursal, que acaba de tomar posesión, será evitar más muertes de aves por falta de pienso, como recientemente han denunciado los sindicatos. De momento, las administraciones concursales no han tomado decisión alguna sobre la posibilidad de aplicar un expediente de regulación temporal de empleo, que acordaron promover los sindicatos UGT y CCOO junto con la familia Ruiz-Mateos en las empresas que lo precisaran.

En cualquier caso, las medidas adoptadas hasta el momento permiten dar muestras de confianza a los proveedores en relación al cobro de las nuevas deudas por suministro de bienes y servicios. Además, hay que tener en cuenta que según la documentación aportada por la familia Ruiz-Mateos a los juzgados mercantiles, Dhul y Carcesa cuentan con superávit patrimonial, ya que sus activos tienen un valor superior a sus deudas.

En concreto, la empresa de postres tiene un pasivo declarado próximo a 150 millones frente a un activo cercano a los 220 millones, mientras que en el caso de Carcesa las deudas ascienden a 100 millones y su activo a 125 millones.

Según diversos despachos de abogados consultados por Efeagro, las empresas de Nueva Rumasa que aún faltan por ser declaradas en concurso (Cacaolat, Clesa, Quesería Menorquina, las cuatro bodegas de Jerez y su comercializadora) deberían tener al menos uno o dos administradores comunes con Dhul, Carcesa e Hibramer para lograr una coordinación de los respectivos procesos.