La Junta apura el plazo de 72 horas para entregar mañana las actas a la jueza

El Gobierno andaluz apurará el plazo de 72 horas que le ha dado la jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE irregulares, para enviarle mañana las actas de las reuniones celebradas por el Consejo de Gobierno durante los últimos diez años, ha confirmado a EFE fuentes de la Junta de Andalucía.

El Ejecutivo andaluz entregará la actas " cuando toque ", ha afirmado hoy el presidente José Antonio Griñán, quien ha agregado que se fía " plenamente de que nadie en el juzgado va a abrir las actas ", que " naturalmente " el Gobierno de la Junta va a remitir al juzgado.

" Lo que está en el juzgado tiene trámites judiciales y no políticos ", subrayado el presidente. En su último auto del lunes, la jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta ordenó el envío en sobre lacrado de las 480 actas de los Consejo de Gobierno desde el 2001 a la actualidad.

Tras conocer esta resolución, el Ejecutivo autonómico ofreció su " colaboración al máximo " siempre que sea compatible con la Ley del Gobierno, aunque dice no entender el " tratamiento " que está recibiendo en algunos autos. La magistrada ha tomado esta decisión cautelar antes de decidir si envía al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo la negativa de la Junta a entregarle las actas por ser reservadas.

Mercedes Alaya advirtió a la Junta de que si no entrega copia compulsada o testimonio de las actas en 72 horas cometería un delito de desobediencia, a lo que el Gobierno autonómico respondió que está dispuesto a cumplir con el nuevo requerimiento y que mañana lo hará efectivo.

La jueza quiere conocer si los consejos de Gobierno adoptaron algún acuerdo o conocieron alguna decisión relativa al fondo con el que se financiaron los expedientes de regulación irregulares.

En su investigación interna, la Junta ha identificado un total de 183 irregularidades, de los que 111 los define como " discordancias administrativas " y 72 intrusos o personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas, lo que ha evaluado en una cifra superior a los 9 millones de euros.