La Junta andaluza deja sus actas en un armario acorazado en los juzgados
La Guardia Civil custodiará día y noche los once sobres lacrados por el caso ERE
Imagen del armario acorazado donde se guardarán las actas de la Junta de Andalucía.
Un armario acorazado situado en el juzgado de guardia de Sevilla alberga desde ayer al mediodía las 480 actas, selladas y lacradas, de las reuniones de los consejos de gobierno celebrados por la Junta de Andalucía desde el 2001. Los documentos al final fueron entregados por el Ejecutivo autonómico para evitar una acusación de desobediencia y obstrucción a la justicia, y a la espera de que el Tribunal Supremo determine si la juez que instruye el caso de los ERE con falsos prejubilados es competente para estudiar esos documentos, que son secretos, en busca de pruebas que confirmen que el Gobierno conocía los reparos de la Intervención de Hacienda al sistema de reparto de ayudas.
La Junta prefirió no esperar al viernes y agotar el plazo de 72 horas que dio en su último auto la jueza instructora para la entrega de la documentación. En torno a las 14,15 horas, agentes de la Guardia Civil de los juzgados, el decano de los jueces de Sevilla y la propia juez recibían al representante legal de la Junta de Andalucía en medio de una nube de fotógrafos y cámaras de televisión.
Fuentes judiciales confirmaron que las actas, organizadas en once sobres lacrados y diligenciados por funcionarios de las secretarías del Gobierno, quedarán en un lugar «absolutamente seguro, con custodia permanente de medios materiales y personales». Estarán a la vista de forma ininterrumpida de la Guardia Civil que vigila la sede judicial hispalense, una fórmula que ha satisfecho a la administración regional dado que al ser «documentos de máxima importancia deben tener la máxima seguridad».
No obstante, las altas medidas de seguridad fueron criticadas por IU, cuyo líder regional Diego Valderas, aseguró que no entendía «para qué se entregan con siete candados, lacradas y más blindadas que la caja del Banco de España» porque lo «más necesario es que se abran y se vea qué contienen».
Pero mientras la expectación se centraba en las cajas archivadoras, el consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, explicaba en el Parlamento los primeros datos del otro posible fraude detectado en torno a las ayudas procedentes de la UE, y que fue adelantado hace unas semanas por el fiscal general del Estado. Según las primeras estimaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía, las supuestas irregularidades por valor de unos 23 millones de euros se cometieron en 5.870 empresas. El delito consistía en que las empresas contactaban con la administración regional para la obtención las ayudas europeas para contratar a un número determinado de personas. Una vez conseguido el dinero, el empleo no se mantenía y los trabajadores eran despedidos.